Casi tres horas de debate, varios puntos de consenso plasmados en dos propuestas transaccionales y un acuerdo PP-PSOE, mociones rechazadas y mociones retiradas fue lo que dejó el primer Pleno de la Diputación del año 2013 que además fue presenciado por numeroso público, que no suele ser lo acostumbrado. Precisamente entre esos asistentes miembros de los sindicatos UPAy COAG acompañados de numerosos ganaderos que hicieron un llamamiento a la institución provincial en forma de moción, que se encargó de leer eso sí el portavoz del PP, Ignacio Burgos, presentándola  ‘in voce’. Una moción en la que el sector pedía el apoyo institucional para que Ávila sea declarada zona libre de lobos y que encontró el apoyo de PP y PSOE. No así el de IU, que votó en contra, ni el de UPyD, que se abstuvo, ya que mostraban sus dudas sobre «la legalidad» de la propuesta ya que entendían podría saltarse la normativa europea de hábitats. ‘Populares’ y socialistas entendieron que se trataba sólo de darles un apoyo que simplemente necesitan  para desde ahí emprender el camino para a medio plazo lograr su objetivo final.

Éste fue uno de los puntos de consenso relativos a los que se llegó en un Pleno, que gozó de otros dos acuerdos en forma de moción transaccional y nacidos al amparo de sendas propuestas, una delPSOE y una de IU. Hace unos días los socialistas ‘denunciaban’ lo poco equitativo que había sido el reparto de ayudas de la Junta de Castilla yLeón para crear empleo en municipios de menos de 5.000 habitantes por exigir más de 10 trabajadores en paro para poder optar a las subvenciones y presentaron una moción al respecto que en el primer Pleno del año desembocó en una de esas dos transaccionales: así de cara al futuro los grupos políticos de la institución provincial decidieron plasmar su intención de pedir que las ayudas de la Junta se incrementen «en la medida de lo posible» y también que se repartan en virtud no de esos 10 trabajadores en paro cuando menos sino con un criterio de porcentaje. Eso en cuanto a la primera transaccional, la segunda se basó en una propuesta de IU en la que finalmente se aprobó que de cara a futuros convenios con la Junta de Castilla y León y a las subvenciones que concede ésta lleguen con mayor celeridad a la Diputación los fondos si es ésta quien debe prestar los servicios, que el cobro no se demore tanto y la institución provincial no sea «como siempre la pagana».