El decreto que regula la Inspección Técnica de Construcción, obligatoria para los edificios de más de 40 años, de cara al presente 2013 entró en vigor el pasado 13 de abril y está dirigido a las localidades con más de 5.000 habitantes. Así pues en el caso de nuestra provincia sólo están sometidos a él las edificaciones sitas en Ávila capital, y las de Las Navas del Marqués, Arévalo, Arenas de San Pedro y Candeleda: a priori son pocos municipios pero «en ellos vive más de la mitad de la población de la provincia de ahí su importancia», tal y como destacaba el director general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, Ángel Marinero, quien se reunió el jueves con los responsables de urbanismo de los ayuntamientos a los que afecta esta orden.

Precisamente Marinero destacaba que estas inspecciones buscan sobre todo «asentar la cultura de la prevención y el mantenimiento de los edificios». Es una cuestión de adelantarse a la aparición de problemas o a ponerlos freno antes de que se agraven, explicaba.

Este decreto que acaba de ver la luz establece que los inmuebles sometidos a la ITC son aquellos acabados en 1972 y también los que se terminaron entre el 1 de enero de 1951 y el 31 de diciembre de 1960. Comprensivo se mostró Ángel Marinero con la situación económica por la que atraviesa el país y precisamente por ello en la reunión con los técnicos les trasladó la necesidad de concienciar pero «no tanto de sancionar si no se cumple con la normativa vigente» y es que reconocía que «no deja de ser un gasto a mayores». Gasto sí, pero a la larga se puede interpretar como «una pequeña inversión» que puede ahorrar dinero a los propietarios de esos inmuebles pues si un problema se diagnostica pronto su solución es más económica y se produciría  «un abaratamiento de costes y la reducción de problemas futuros». «Es una inversión que compensa» y ahí los administradores de fincas tienen la última palabra a la hora de concienciar. También pidió el director de Vivienda que "los ayuntamientos no se obsesionen por el cumplimiento total» y en cualquier caso aseguró: «No animamos a poner multas ni a perseguir a los ciudadanos».

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