LA reforma para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que prepara el Gobierno, que entre otros puntos establece topes a los sueldos de los alcaldes limitados al de Secretario de Estado y reduce el número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva, todo ello en función de la población, apenas afectará a los principales municipios de la provincia. Así se desprende, al menos, del informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de febrero, que ahora seguirá trámite parlamentario.

Teniendo en cuenta que el sueldo de un Secretario de Estado puede rondar los 100.000 euros brutos (74.000 de nómina más complementos), se ha elaborado una tabla salarial en virtud de la cual los alcaldes de Ávila, Arévalo y Las Navas podrían verse obligados a reducir su sueldo por estar por encima de los límites marcados. Sí que es seguro que el alcalde de El Hoyo de Pinares, David Beltrán, tendrá que cobrar menos de los más de 30.000 euros que percibe actualmente, y que el Ayuntamiento de Navaluenga deberá prescindir de la persona contratada como trabajador eventual.

El ayuntamiento más importante de la provincia, el de Ávila capital, no tendrá que hacer demasiados cambios. Cumple con el límite de concejales liberados de sobra porque tiene derecho a 15 y actualmente sólo hay 4, también está en el margen de asesores con los 12,5 contratos que tiene de personal eventual, y lo único que podría rebajarse sería el sueldo del alcalde, Miguel ÁngelGarcía Nieto, que con los 53.000 euros netos que declara cobrar, podría superar el límite si finalmente el límite marcado fuera de 65.000 brutos.

Algo parecido sucede en Arévalo, donde el sueldo de Vidal Galicia rondaría el máximo, pero en el resto de apartados está dentro de lo que se fija en la reforma, ya que no tiene ningún concejal liberado y sólo una persona como trabajador eventual. «Me parece bien que se fije por ley el sueldo de los alcaldes para que no sea objeto de disputa política, pero muchas veces somos los propios alcaldes los que sabemos dónde están los límites de nuestros ayuntamientos», comenta el regidor arevalense, que critica el hecho de que «se quite el sueldo en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes, porque ese trabajo también hay que pagarlo».

En Arenas de San Pedro la cuestión salarial y de concejalías tampoco variará. Su alcaldesa, Caridad Galán, declara un sueldo de 1.400 euros netos al mes, y hay dos concejales con dedicación exclusiva que cobran unos 400 euros netos. Con más de 6.800 habitantes, está dentro de la ‘ratio’, también en materia de asesores ya que tiene actualmente contratado uno a media jornada. Con todo, Galán cree que «esta reforma incita a la corrupción. En los ayuntamientos pequeños trabajamos muchas horas y merecemos una retribución porque dejamos nuestras labores profesionales para que el ayuntamiento funcione».

También tiene sueldo, en este caso de unos 2.000 euros, Gerardo Pérez, alcalde de Las Navas del Marqués a quien, sin embargo, la reforma le parece «bien hecha». Con un censo cercano a las 5.700 personas, también tiene derecho a 3 liberados y a 1 asesor, y cuenta con 2 concejales con dedicación exclusiva y no tiene personal eventual. «Creo que lo único que habría que modificar es mi sueldo, que tendrá que ser algo menor», reconoce Pérez.

Más crítico vuelve a ser el alcalde de Candeleda, José María Monforte. Su población también supera los 5.000 habitantes y sus datos están dentro de lo que marca la reforma. El alcalde no cobra, «sólo dietas», aclara, tiene un concejal con dedicación exclusiva y no hay asesores. Desde su amplia experiencia política, Monforte pide reflexión ante este anteproyecto porque «los ayuntamientos no son los que más contribuyen al déficit. Somos la administración más cercana al ciudadano y lo que hay que hacer es dotarnos de financiación suficiente». Además, «el asunto de los sueldos, que es con lo que la gente se queda, no es lo más importante, ni mucho menos. Ese no es el problema de los ayuntamientos», concluyó.

Sotillo de La Adrada tampoco se verá obligada a hacer cambio alguno. Su alcalde, Juan Pablo Martín, cobra 1.500 euros netos al mes, y no tiene concejal liberado, aunque tiene derecho a tres, y tampoco dispone de personal eventual. Martín considera que «es demasiado prematuro hablar de la reforma, lo publicado sólo es un informe».

En El Tiemblo (con 4.461 habitantes) no cuentan ni con ediles liberados, ni personal eventual, sólo el alcalde, Rubén Rodríguez, cobra un sueldo de 1.749 euros brutos al mes y un total anual de 24.500, lo que hace que en un principio no estén afectados. Rodríguez apunta que esta reforma tal y como está planteada parece que culpa de la situación a los ayuntamientos.

En Cebreros (3.478 habitantes) es uno sólo el concejal liberado que cobra un sueldo de 1.400 euros y no hay personal eventual. Estima su alcalde, Ángel Luis Alonso, que la tramitación parlamentaria «debe poner un poco de sentido: los pueblos pequeños son los que menos gasto originan».No veía claro el tema de las competencias pues si los que vienen detrás no lo gestionan, «los ayuntamientos seguiremos siendo los paganini», decía.

El Barco de Ávila (2.715 habitantes) no tendrá problemas. La propuesta«incluso podría beneficiarnos en otros puntos», decía el regidor,Agustín González, que aseguró que «en 22 años yo no he cobrado como alcalde y nunca ha habido concejales liberados». Tampoco tienen personal eventual, así que no habrá efectos inmediatos.

Desde La Adrada (2.704 habitantes) su regidor, Francisco de Pedraza, cobra 1.400 euros netos y sin ediles liberados ni personal eventual la reforma en este punto no irá más allá, si bien defendía los sueldos de los regidores pues «ser alcalde es una responsabilidad muy grande, tendrían que reexaminarlo».

Distinto es el caso de El Hoyo de Pinares (2.449 habitantes) donde su regidor, David Beltrán, al cobrar igual sueldo que el secretario interventor, sobrepasaría los límites establecidos en el proyecto y tendría que proceder a una reducción. Defendía los sueldos eso sí, «en base a los resultados y la eficacia», y poniendo el punto de atención en que para ser alcalde hay que renunciar a otro trabajo y al terminar no hay derecho a indemnización.

Piedralaves, de cerca de 2.300 habitantes, no se verá afectado, a juzgar por los datos aportados por la alcaldesa, María Victoria Moreno. Ella cobra un sueldo de unos 1.400 euros netos al mes, 1.900 brutos, por lo que en principio se encuentra debajo de las retribuciones estipuladas. Aquí no hay ningún concejal con dedicación exclusiva remunerada y tampoco ningún asesor o personal eventual externo.

En un caso parecido se encuentra El Barraco, que supera por poco los 2.000 habitantes. Su alcalde, José María Manso, ronda los 1.400 euros de sueldo al mes, según ha declarado, y también entraría dentro de lo permitido. El Consistorio no tiene personal eventual y sí cuenta con un concejal con dedicación exclusiva que se encarga de la residencia municipal de ancianos, aunque la reforma le permitiría hasta dos.

Y de ahí a Navaluenga. Su alcalde, Armando García, cobra unos 1.400 euros al mes, explicó, por lo que, con 2.152 habitantes, no tendría que bajarse el sueldo. No hay concejales liberados aunque sí una persona de confianza contratada para «labores administrativas y atender la piscina y el polideportivo». Aquí es donde, si la reforma se mantiene así, el Ayuntamiento se vería afectado: los municipios de menos de 5.000 habitantes no podrían tener personal eventual.

Piedrahíta también supera ligeramente los 2.000 habitantes pero en su caso no tendrá que hacer modificación alguna. El alcalde, Federico Martín, explicó que no tiene sueldo del Ayuntamiento ni hay dedicaciones exclusivas en la Corporación ni asesores y que, de hecho, «no se cobra ni por la asistencia a los plenos». «La dedicación al trabajo existe, pero tal y como está la situación hay que cumplir con la austeridad», dijo.

Menos de dos mil. Con poco más de 1.600 habitantes, Madrigal de las Altas Torres no prevé estar afectado por la reforma. El alcalde, Rufino Martín, es profesor y no cobra del Ayuntamiento, según ha declarado, y no tienen personal de confianza, si bien sí se dispone de un concejal con dedicación exclusiva remunerada para «atender los asuntos ordinarios», precisamente la cifra que permitiría el Ejecutivo para su población.

En Casavieja, con 1.575 habitantes, la reforma no les afectará, pues como apunta su alcalde, Francisco Jiménez, no cobra sueldo ni tiene ningún concejal liberado ni asesores. Eso sí, tiene claro que con esta normativa «quieren eliminar los pueblos pequeños y dejar los grandes».

En Burgohondo (1.300 habitantes), aunque su alcalde, Juan José Carvajal, cobra 1.359 euros al mes, no sobrepasa el límite permitido ni tiene concejales liberados y personal de confianza. «Está bien que se regule todo esto», dijo.

Algo parecido ocurre en Mombeltrán, de 1.165 habitantes, donde el alcalde, Julián Martín, no tiene sueldo ni hay personal eventual, pero sí un concejal liberado, que cobra 1.200 euros al mes.

Y en El Arenal, de 1.046 habitantes, el regidor, José Luis Troitiño, tiene un sueldo mensual de 1.050 euros, aunque no se vería afectado por los cambios que fija la reforma. Además, en este Ayuntamiento no hay concejales liberados ni personal de confianza.

Parecida situación tienen en Navalperal de Pinares (1.001 habitantes), donde su alcalde, José Luis Bartolomé, señala respecto a la reforma de las administraciones locales que «se están lanzando globos sonda, pero no sabemos cómo terminará. De todos modos, el regidor no cobra, pero sí tienen un concejal con dedicación exclusiva que cobra 1.500 euros, por lo que tampoco les afectaría.

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