El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta ha abonar 14.577 euros a los familiares de una residente del Centro Infantas Elena y Cristina que pese a ser beneficiaria de la Ley de Dependencia por tener reconocido el mayor grado de incapacidad, pagó la plaza en toda su cuantía como si fuera privada. De esta manera, la mujer no disfrutó de ninguna prestación de dependencia pese a, como decíamos, tenerla reconocida a su favor.

La sentencia, que recuerda el hecho de que la Administración «reconoció el derecho de acceso a un servicio público de atención residencial permanente», recalca también que «la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma, como garante que es del derecho reconocido, no puede limitarse a la mera declaración del derecho y al abono de las sumas que deban aportar las administraciones central y autonómica, sino que llega a la obligación de garantizar la efectividad de aquél derecho en su integridad, lo que alcanza necesariamente al control del régimen económico del mismo y a velar porque el beneficiario no tenga que asumir más porcentaje del coste del servicio por la irregular actuación del Centro Asistencial asignado».

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