Una sentencia obliga a talar cien hectáreas de pinos en Hoyocasero

M.M.G.
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El Gencienal, propiedad de 200 socios, se había dedicado a pastos, pero se reforestó en 2005. Tras la denuncia de algunos ganaderos un juzgado obliga ahora a devolverla a su estado orginal

 El futuro de la finca El Gencienal, en el término municipal de Hoyocasero, está en el aire. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila obliga a talar cien hectáreas de pinos, lo que los 200 propietarios de la misma consideran un «atentado ecológico».

La historia se remonta casi a comienzos del siglo pasado, cuando la finca fue adquirida por unos vecinos que fueron legándola a sus descendientes hasta llegar a los 200 propietarios actuales, consituidos en sociedad civil.

En aquella época, el terreno se dedicaba a pastos mediante el arrendamiento que los propietarios hacían a los ganaderos pero, según aseguran los primeros, en el año 2005 estos «dejaron de pagar» por lo que se decidió solicitar una subvención de la Junta de Castilla y León para repoblar de pinos la finca.

Esta decisión se tomó tras la celebración de una asamblea que, recoge la sentencia, no fue convocada formalmente a todos los propietarios, entre los que se encuentran algunos ganaderos. De hecho, el texto recoge que esa convocatoria se hizo «en un bando» y confiando en el «todo el mundo lo sabe». Así, tal y como subraya la representante legal de los propietarios, Sonsoles Jiménez, «la sentencia declara nulos los acuerdos de reforestación por falta de formalidades, no porque la reforestación no se pudiera hacer». Y reconoce que, efectivamente, la convocatoria a la asamblea no se hizo de forma escrita ni con orden del día.

Por este motivo, se volvió a convocar una asamblea, en este caso extraordinaria, en la que los propietarios volvieron a pronunciarse a favor de la reforestación, que ya estaba en marcha y con pinos crecidos. Pero la Audiencia Provincial, tras el recurso interpuesto por los propietarios, volvió a dar la razón a los ganaderos obligando a acatar la sentencia y a talar los pinos.

Coste económico. Ahora, los propietarios luchan para tratar de frenar la tala, para lo que han acudido a la Junta de Castilla y León. «Porque creemos que la Junta es la que tiene que dar la autorización, porque está sometido a estudio medioambiental», comenta la letrada, que incluso adelanta que están en posesión de una resolución de la Dirección General del Medio Natural de Valladolid en la que pedían permiso para quitar la reforestación y que les fue denegado. «Pero aún así los jueces dicen que no importa y que hay que quitar los pinos», continúa Jiménez explicando el complicado proceso legal.

Ahora, el problema radica en dos puntos: en cómo llevar a cabo la tala (con el fin de hacerla lo menos agresiva con el medio ambiente posible) y en el coste establecido para estos trabajos. «El perito del juzgado lo fija en 650.000 euros, y el nuestro en 130.000 euros», explica la abogada, que aclara que su estudio señala que para devolver la finca a su estado habitual bastaría con quitar los pinos, sin erradicar el resto de maleza ya crecida y regenerada de forma natural. «Pero ellos quieren quitar todo y volver a sembrar de forma artificial», se despide Jiménez.