La supresión de la palabra «dictadura» en la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León para referirse a la etapa franquista «atenta contra los derechos humanos». El informe de la ONU conocido este viernes apunta directamente a este hecho en lo que respecta a la normativa autonómica y pone en él la lupa dentro de su denuncia. Tal y como explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el caso concreto de Castilla y León, «no lo dice el Gobierno de España, sino la ONU», recoge que la proposición de Ley, tal y como está planteada, «suprime la palabra dictadura para referirse al periodo histórico del franquismo», y «se invisibiliza la violación de los derechos humanos, al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad».
Un extremo que comunicó el ministro durante la rueda de prensa ofrecida ayer tras conocerse el informe de la ONU, redactado a instancias del Gobierno español, sobre la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas leyes de concordia que se tramitan en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. «Dice con contundencia» que estas leyes «vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas», añadió Torres, que explicó que sobre la ley de Aragón, la ONU señala que el texto «no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo», sino que «habla de atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil»; y sobre el proyecto de Valencia considera que desvirtúa el objeto de las leyes de memoria anteriores.
«Nadie se ha dirigido, nadie nos ha enviado ningún informe, ni ningún documento para dar un plazo de alegaciones, y, por tanto, no podemos opinar sobre lo que no conocemos». Esta es, por el momento, la respuesta de la Junta de Castilla y León al documento de la ONU, o al menos de la parte del PP del Gobierno regional. Tanto el presidente Alfonso Fernández Mañueco, como el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, reiteraron ayer que no pueden valorar un informe que no conocen ni han tenido acceso. Fernández Carriedo expuso a la Agencia Ical que nadie se ha puesto en contacto con el Gobierno autonómico ni le ha remitido una comunicación oficial sobre el pronunciamiento de los tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia. Carriedo explicó a Ical que poco puede añadir sobre un documento que desconocen, por lo que la Junta esperará a contar con algún detalle para pronunciarse. En todo caso, recordó que en Castilla y León las leyes se tramitan conforme a los procedimientos establecidos y cumpliendo «toda la normativa».
Más reacciones en Castilla y León
«Hoy es un día en el que los castellanos y leoneses no se sienten o no pueden sentirse orgullosos del Gobierno que tenemos en la Comunidad. Hoy es un día triste para Castilla y León, porque lo dijimos en infinidad de veces. Es una ley de discordia y ha llegado lo que tenía que llegar, que es la reprobación a nivel de las más altas instancias de los derechos humanos, de una ley que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido», aseguró por su parte el delegado de Gobierno, Nicanor Sen, en declaraciones a Vive Castilla y León de Vive Radio.
Tudanca: «El único camino es retirarla de forma inmediata»
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, consideró que es «descorazonador comprobar cómo lo que en España para el PP y Vox es una sana nostalgia del régimen franquista, para la ONU es una grave vulneración de derechos humanos». Una situación ante la que el líder socialista aseveró que «el único camino que queda es que el señor Mañueco retire la ley de forma inmediata». No obstante, exclamó que «más allá, uno se pregunta si puede seguir de presidente de la Junta de Castilla y León alguien que en complicidad con la extrema derecha ha hecho que la ONU acuse a la Junta de Castilla y León de vulnerar e infringir derechos humanos». Además consideró que se trata de un «varapalo histórico» de la ONU al Gobierno de Castilla y León, por tratar con «sana nostalgia» el franquismo y, según sus palabras, «frivolizar con la dictadura de un genocida», en referencia a lo que llamó la «ley de discordia».