El incendio que el pasado mes calcinó buena parte de la provincia de Ávila «se podría haber apagado en diez minutos». Así de claro lo tienen los representantes sindicales de los trabajadores, tanto públicos como de la empresa Tragsa, del operativo de incendios forestales.
De hecho, para José Carlos pajares, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Ávila, este incendio ha evidenciado una vez más «la ineptitud apabullante» de la política forestal de la Junta de Castilla y León a la que este sindicato lleva años solicitando que se mantenga durante todo el año el operativo de incendios esgrimiendo el argumento de que «los incendios se apagan en invierno». Una petición, recordó Pajares, que el Consejero de Medio Ambiente no atiende, lo que lleva a UGT a preguntarse si la idea es esperar «que el operativo se deteriore lo suficiente para tener una excusa para poder privatizarlo». De hecho, Pajares lamentó que pese a los informes con las carencias y necesidades que todos los años el sindicato envía a la Junta de Castilla yLeón ésta administración no tome medidas, anunciando que a partir de ahora estos informes se remitirán a la Inspección de Trabajo.
Y es que, para el sindicato, es necesario adaptar y adecuar al momento actual un modelo de hace 30 ó 40 años. « Tenemos un modelo del siglo XX para afrontar los retos del siglo XXI y ya no hay labores agrícolas ni cabras por el monte que desbrocen gratis», apuntó Pajares antes de recordar lo «insuficiente» de un operativo integrado en esta provincia por trabajadores públicos, unos 74 laborales y 86 funcionarios, y unos 140 semi públicos de la empresa Tragsa que «comparten los mismos problemas» siendo uno de los principales la precariedad de los contratos, en algunos casos de solo tres meses.
Pero no solo falta personal, apuntó el responsable sindical al hablar de las carencias de un operativo donde, aseguró, también faltan medios técnicos, de protección individual o formación, hasta el punto de que algunos empleados se incorporan a los operativos con solo dos días de formación previa. Eso sin hablar, aseguró el sindicalista, de que muchos camiones del operativo tienen «graves deficiencias, la mayoría de los garajes donde se guardan los camiones son autenticas pocilgas, muchos locales no tienen ni luz para cargar las emisoras, los trabajadores no tienen vestuarios o duchas y algunos tan solo un mono de extinción».
«La Junta opta por mantener una política obsoleta, ineficiente y anticuada basada en racanear medios materiales y tratar a los trabajadores como si fueran jornaleros sin papeles a salario del señorito dueño de la explotación», aseguró Pajares para anunciar que a finales de este mes se convocará una movilización a nivel regional «para exigir a la Junta que esta situación se revierta y se tome en serio este asunto». Ésta será, dijo, la primera acción de «un programa de movilizaciones más amplio» para reclamar, entre otras cuestiones, que el operativo se lleve a cabo con personal fijo y con experiencia necesaria, que esté activo doce meses al año, que se acaben los contratos precarios, mejoras en los equipos de protección individual o un incremento presupuestario.
«El operativo flexible de la Junta de Castilla yLeón ha saltado un verano más por los aires y nuestra provincia ha tenido que pedir ayuda», apuntó por su parte Carlos Maqueda, agente medioambiental y delegado sindical de UGT, para señalar que esto demuestra que «los medios materiales y humanos no son suficientes».
«No es un operativo profesional porque un profesional no trabaja solo tres meses al año», lamentó por su parte Javier García, representante sindical de la empresa Tragsa, antes de exigir una continuidad que evite que este capital humano se vaya todos los años. «Lo que está ocurriendo en la región es un verdadero desastre», lamentó.