El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó esta pasada semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haber elaborado los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el objetivo de apoyar a las familias, los autónomos y las pequeñas empresas, sino «para financiar su último año en la Moncloa y su campaña electoral». Los socios del socialista en el Ejecutivo de coalición también se sumaron al carro de los reproches, y le afearon estar «inmerso en cálculos electorales» una vez aprobadas las Cuentas. «El PSOE se equivoca si piensa que con el bloqueo de iniciativas impulsadas por el espacio confederal va a sacar ventaja en las urnas», señalan los morados, incidiendo en la brecha con sus aliados al destacar sus argumentos «espúreos» para mantener vivas enmiendas a sus normas estrella.

Vistas estas acusaciones, Sánchez dio un paso adelante y anunció que su partido quiere acelerar «lo máximo posible» la aprobación en el Congreso de leyes pendientes como la de vivienda y la reforma de la ley mordaza, dos de las grandes prioridades legislativas para Unidas Podemos, con los que mantiene fuertes discrepancias a causa de la ley trans.

Tras la aprobación de los Presupuestos en el pleno del Congreso, la voluntad de los socialistas es ahora, como afirman para calmar las voces discrepantes moradas, retomar con más intensidad la negociación de iniciativas legales que son grandes banderas de la izquierda pero que llevan tiempo atascadas por detalles concretos de su contenido, como la ley de vivienda y la reforma de la ley de seguridad ciudadana de 2015, conocida como ley mordaza.

Antes de fin de año

Fuentes del grupo parlamentario socialista se empeñanan en defender en estos momentos que su voluntad es «avanzar lo máximo posible» con estas normas, sin descartar de hecho su aprobación antes de finales de año, pero señalan que «depende también de la voluntad de los socios», en referencia a Unidas Podemos, que confirma que ha habido reuniones recientes sobre estas leyes, y a aliados parlamentarios habituales como ERC o EH Bildu.

En un intento por apaciguar un poco las aguas revueltas en el Gobierno de coalición, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo hace unos días que en su formación siempre han querido que esas dos leyes «estuvieran ya listas», y en el caso concreto de la de vivienda destacó que ha sido «ampliamente debatida» con otros grupos y que llevan tiempo «intentando llegar a un punto de encuentro» para que la norma «avance», algo que es «complejo», se justificó.

«Evidentemente, es voluntad de los socialistas dar un empujón definitivo a esos dos textos legislativos y en todos aquellos pendientes en la Cámara, como la ley de universidades», declaró a los medios a su llegada al acto de homenaje a la escritora Almudena Grandes, fallecida hace un año.

Por su parte, Sánchez, que presidió la reunión de la Ejecutiva Federal del partido celebrada el pasado lunes, no mencionó expresamente, según fuentes de Ferraz, ninguna norma, aunque sí trasladó la necesidad de continuar con la acción del Gobierno y de seguir impulsando iniciativas legales más allá de la aprobación de las Cuentas Públicas.

Las mismas fuentes indicaron que en esta reunión se trasladó el mensaje de no perder de vista esta tarea ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, y de «seguir capeando el temporal» con una actitud «positiva y prepositiva» Lo que no mencionaron estas fuentes es si el temporal era una alusión a la oposición o a sus aliados.

La aprobación reciente de los Presupuestos, así como de los impuestos temporales a las entidades financieras, las empresas energéticas y las grandes fortunas, suponen un motivo de satisfacción para el PSOE, que confía en seguir dando pasos ahora con otras leyes, pese a las fuertes discrepancias que mantiene con Podemos en la negociación de la ley trans.

Esta ley sigue atascada en el Congreso, donde continúa sin constituirse la ponencia, fase previa para el debate y votación en el pleno, y su aprobación corre peligro ante la falta de acuerdo sobre el derecho de los menores de 16 años a cambiar de sexo en el registro.

En el caso de la ley de vivienda, con la que los morados pretenden poner un límite a la subida de los alquileres en zonas urbanas tensionadas y que ha recibido cerca de 900 enmiendas parciales, tampoco se ha convocado la ponencia.

Y en la reforma de la ley mordaza, que acumula cerca de tres años de espera para su aprobación definitiva en el pleno, las devoluciones en caliente y el uso de material antidisturbios son dos temas peliagudos que ya provocaron el pasado mes de febrero la interrupción de los trabajos en ponencia.