El PP de Ávila valoró este miércoles la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social por las Cortes de Castilla y León, ya que según manifestó el procurador Miguel Ángel García Nieto es “una ley necesaria, muy demandada”, y aprovechó para agradecer la participación en la elaboración del proyecto de ley de las entidades del sector. Una ley que, según precisó García Nieto, “define y ordena el sector por primera vez en Castilla y León”, que va a “velar por la estabilidad y va a dar garantías jurídicas a las entidades sociales”, y les da “fuerza para seguir constituyendo una de las principales redes de protección social con que cuenta la Comunidad”.
García Nieto, que compareció en rueda de prensa acompañado de los procuradores Vidal Galicia y David Beltrán, así como de la directora general de la Mujer, Ruth Pindado, tras mantener un encuentro con distintas entidades del tercer sector de la provincia de Ávila para exponerles el contenido de esta ley, explicó que el texto aprobado en las Cortes incluye cuatro aspectos. Por una parte, la Ley del Tercer Sector “pura y dura, que hasta ahora no había un texto que regulara las relaciones que tienen que tener estas entidades con la administración pública” y, según apuntó viene a diferenciar lo que es o no es tercer sector social. En segundo término se modifica la Ley del Voluntariado, “que necesitaba actualizar y armonizarse con la Ley del Voluntariado estatal que data de 2015”. El tercer aspecto que afronta es la modificación de la Ley de Servicios Sociales en sus artículos del 86 al 94 en “todo lo que tiene que ver con la concertación social de servicios”, y que será “la fórmula preferente de relación que va a tener la administración publica con las entidades, a través de los conciertos de servicios”. Por último, y tras la modificación en junio de la Ley de Juventud por parte del Gobierno para prevenir abusos sexuales, intervenciones de mala praxis, malos tratos a menores… se ha aprovechado para “introducir esos dos artículos de la Ley nacional en la regiona para preservar la integridad de los menores”.
García Nieto mostró su pesar por que este texto salió adelante a pesar de no contar con el respaldo del PSOE y de Podemos, “porque en los temas sociales hay que dejar las etiquetas políticas a un lado, porque se trata de atender a los sectores que más lo necesitan”, y lamentó que esos dos grupos, “que son los abanderados de las políticas sociales, cuando llega el momento de la verdad siempre se ponen de perfil, y no son capaces de dar un voto afirmativo simplemente porque son iniciativas que promueve el PP”.
A continuación, el procurador del PP defendió la “apuesta” de la Junta de Castilla y León por el tercer sector social, y recordó que este año ha presupuestado 157 millones de euros, de los que 96,3 proceden de fondos propios de la Consejería, y señaló que “eso es creer en el tercer sector, y no lo que hace el Gobierno de Sánchez”, al que criticó que el dinero que llega a través de la declaración del IRPF para entidades sociales acaba “desviándose” a entidades de otro tipo, “llámese ecologistas, temas de medio ambiente”.
Según precisó, en estos momentos en Castilla y León hay 3.330 entidades sociales, de las que 296 están en la provincia de Ávila. Esas entidades prestan 6.851 servicios en la Comunidad y 602 en la provincia de Ávila. Por lo que señaló que “ya solo por una cuestión de cantidad se justifica esa ley”.
A ello se suman 447 entidades de voluntariado en Castilla y León, de las que 23 ejercen en Ávila.
“Es un sector muy potente en lo social, pero también es muy relevante lo económico, porque sostienen muchos puestos de trabajo”, recalcó García Nieto, y señaló que estas entidades “han contribuido a construir el sistema de servicios sociales que tiene Castilla y León, y que está a la vanguardia de los servicios sociales de España”. Y también valoró el “entendimiento perfecto” entre estas entidades y la administración.
García Nieto insistió en que con esta ley se les “reconoce jurídicamente como colaboradores de la administración y eso apoya su sostenibilidad económica”.
Y en cuanto al nuevo marco normativo para el voluntariado va a garantizar, a su juicio, “un voluntariado más abierto, seguro y moderno”.
A su vez, precisó que la “ley se apoya en cuatro pilares: se configura como un marco jurídico único; recoge las normas para el fomento, apoyo y promoción del tercer sector; favorece e impulsa la relación entre las entidades con la administración, y también entre las propias entidades para trabajar en red, y la participación de las entidades en las políticas que les atañen dentro de los órganos de participación de la administración, al tiempo que establece una interlocución directa entre la administración y las entidades sociales; y finalmente, adapta el voluntariado a la realidad social actual de Castilla y León”.
Finalmente, recordó que una vez aprobada la ley habrá que desarrollar un decreto de conciertos antes del 31 de diciembre.