¿Se imaginan a un presidente o un ministro de los gobiernos de Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Bélgica o Dinamarca delatando a su país por que en él no existe normalidad democrática? ¿De verdad les imaginan, además, abundando en qué en su Estado existen presos políticos? El cronista no necesita respuesta, porque si ocurriera esta anomalía, una de dos: o el ministro en cuestión dimitiría por proclamar esa terrible deficiencia, o el presidente, su jefe, canciller, primer ministro o lo que fuera, le destituiría a las cero horas de conocer el desmán de su colaborador. Bien, pues aquí, en España, no sucede eso. El jefe del felón, en este caso directamente Pablo Iglesias, se sumerge en un silencio cómplice y deja en la boca de su atropellada vicepresidenta, Carmen Calvo, una delicada contestación al individuo en cuestión. Y es curioso: en España, con la Constitución, quizá más moderna y más abierta de toda la Unión Europea, existe un instrumento certero para penar una demasía brutal como la del vicepresidente, Pablo Iglesias Turrión. Fíjense: los artículos 102 y 103 de la Constitución rezan literalmente así: «La responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Segunda del Tribunal Supremo» y, «si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser ejercida por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo».
O sea, instrumentos hay. Entonces, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido utilizarlos? ¿Es que la declaración de un vicepresidente, refrendada, además, por su ministra de Trabajo, a los que pagamos con nuestros impuestos todos los españoles, puede sumarse a la imputación de una potencia extranjera, Rusia, y no pasar nada?
Pues fíjense, desde este punto de vista, sí podría decirse que en España ahora no existe voluntad de aplicar los artículos constitucionales que aseguran, también en el caso del Gobierno, la normalidad democrática. Por eso, este cronista se pregunta: ¿cómo nos van a respetar por ahí fuera, cómo naciones europeas de todo jaez nos van a apoyar en nuestra lucha contra los sediciosos y rebeldes, si desde el propio Gobierno, se entiende que aquí hay personas metidas en la cárcel (es un decir) por manifestarse solo políticamente? Es un sindiós que, como decía Franco (siento citar la frase del dictador) o no se entiende o se entiende demasiado bien.
Duele observar cómo los partidos de la oposición, aparte, ¡faltaría más!, de clamar contra los brutales ataques a la democracia de Iglesias y sus cuates, no toman cartas en este virulento episodio y llevan al Parlamento la traición; sí, traición de Iglesias, porque ¿de qué otra forma se puede denominar una agresión a la propia democracia española por parte de un personaje que ocupa accidentalmente la vicepresidencia del Ejecutivo? Claro está que las cautelas excesivas de «nuestros padres fundadores», desde Fraga a Solé Turá, dulcificaron un tanto la dureza de los artículos citados. En Alemania, véanlo si no, un zurriagazo a la Carta de Bonn de este jaez estaría directamente penada con la cárcel.
Es cierto que estos artículos hacen prácticamente imposible en la actualidad que una mayoría absoluta del Parlamento, lleve a la Tribunal Supremo a este Iglesias conmilitón del autócrata Putin, pero, ¿qué importa?, el solo hecho de dirimir esa responsabilidad en el Congreso de los Diputados, supondría, primero, una condena política del transgresor y, segundo, una ocasión más que pintiparada para que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez se pronunciara en una u otra dirección.
En política, a veces, hay que perder a la primera, para ganar a la segunda. Realmente, no sé en qué están pensando el Partido Popular, o los viscerales derechistas de Vox.
Caer más bajo en España ya es imposible. El rey del trabalenguas, Ábalos, ha creído hacer una sentencia terminal asegurando que en una democracia hasta la anormalidad es normal. Es decir, que cualquier delito, por ejemplo, el fiscal, por ejemplo, también el criminal entendiendo éste como un asesinato o un homicidio, son normales, consuetudinarios, vaya. La libertad de expresión no da para tanto. Ni siquiera los periodistas defendemos esta tesis. Ocurre, sin embargo, que nos resulta difícil, y más que difícil, arriesgado, proclamar que una conducta como la de Iglesias es intolerable en un Estado que se precie de ser democrático.
Aquí, parece que se puede decir todo, hasta atentar contra el propio Estado, sin que éste se vea defendido por sus representantes. El problema consiste en que ya estamos curados de espanto, que el país es incapaz de reaccionar con el virus revoloteando por los aires.
Ante la gravedad de asuntos como éste, que afectan a la propia convivencia nacional, España sigue durmiendo. Este vicepresidente es, sencillamente, un peón de las franquicias comunistas y totalitarias que todavía existen por el mundo, y como tal hay que tratarle. Sin insultos, pero con la ley en la mano, porque España debe decir basta, no hay más recorrido que hacer de la mano de este sujeto impresentable.
¿Qué nos va a hacer a continuación este tipo que cobra de nuestros esfuerzos? Malo es que esté transformando la sociedad con leyes tan aberrantes como esa transgénico que vulnera, sin encomendarse ni a Dios, ni al diablo, nada menos que la pura esencia del ser humano.
‘Contra natura’
Podría valer, incluso eso, porque, si algún día cercano este Gobierno queda barrenado y enviado a la oposición, tales burradas serían susceptibles de ser cambiadas, aunque tampoco puede esperarse demasiado de la suave estrategia que siempre utiliza la derecha cuando llega al poder. Puede valer eso, pero, de verdad, ¿soportar que un miembro determinante de este Ejecutivo contra natura, nos equivalga a regímenes como el de Putin, Venezuela o, más recientemente, al de la antigua Birmania? Se pronuncia a favor de estados como éstos, apoya la secesión de regiones españolas de toda la Historia, convierte al 0,1 por ciento de los españoles, los transgéneros, en el centro de un debate nacional que no existe, atenta contra los medios independientes… O sea, ¿de verdad que la oposición no puede hacer más que lo que hace? ¿De verdad que no? Tristes españoles que soportamos todo esto.