Ceuta y Melilla se merecen estar en los medios de comunicación por otras razones que por la declaración de persona non grata a un político que prioriza el enfrentamiento o por la desidia de todos los líderes nacionales, incluido el presidente del Gobierno que solo fue a Ceuta a hacerse una foto, ante sus problemas diarios y reales. Ceuta y Melilla son una de las fronteras del mundo donde hay una desigualdad mayor de un lado al otro, pero también, un lugar "de apertura y tolerancia" por parte de su población.

La mitad de la población de Ceuta es marroquí y diariamente entran a trabajar varios miles de ciudadanos del país vecino, sin que la convivencia sufra, salvo en momentos puntuales, cuando un Gobierno teóricamente amigo de España y socio de la Unión Europea, aprovecha un conflicto diplomático para provocar una invasión utilizando la desesperación de sus jóvenes. Ahora que el Gobierno español está trabajando para recuperar esas relaciones, debe tener presentes antes que nada los intereses de los ciudadanos de Ceuta y Melilla.

Importa que tengamos buenas relaciones con Marruecos, pero aún más otras cosas. Cuando a mediados de mayo cerca de diez mil personas franquearon la frontera de Ceuta, empujados por el Gobierno marroquí, actuó el Gobierno español, puso en marcha al Ejército y a la Cruz Roja, realizó devoluciones en caliente con escaso o nulo respeto de los derechos humanos, capeó el temporal y dejó las cosas como estaban. Bueno, no. Muchas semanas después, desmontado el operativo de emergencia, más de mil personas -tres mil según el presidente de Cáritas tras su visita a Ceuta-, en gran parte jóvenes o niños siguen deambulando por la ciudad, en muchos casos sin comida, sin techo, sin higiene adecuada, sin atención médica, y vulnerados sus derechos humanos básicos.

Sin futuro, abocados a la mendicidad. Si no fuera por instituciones como Cáritas y otras plataformas eclesiales, todo sería mucho peor. No es un problema de los ciudadanos de Ceuta, volcados con generosidad con las personas migrantes, ni siquiera de su Gobierno, que llega a donde puede. El Gobierno central tiene una doble responsabilidad. Por un lado, zanjar la crisis con Marruecos no a corto sino a largo plazo, rechazando cualquier chantaje sobre la territorialidad y las fronteras; por otro, abordar un plan para evitar la asfixia económica, y social de estas ciudades, tan invisibilizadas e ignoradas como los migrantes que acogen. Ceuta y Melilla necesitan sentirse parte real de la España que quiere salir de la crisis.

El riesgo de polarización, los incipientes sentimientos xenófobos, la brecha social, el alto desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, la situación al límite de los servicios públicos o la crisis del turismo aumentada por el coronavirus, exigen una atención especial y urgente del Gobierno central y el apoyo de todos los partidos, dejando al margen polémicas inútiles e intereses espurios. Ambas ciudades, la frontera sur de la Unión Europea, no están recibiendo desde hace demasiado tiempo, el apoyo que merecen.

Unos están utilizando la pobreza extrema de tantos jóvenes marroquíes y la inexistencia de derechos humanos como instrumento de presión. Nosotros aceptamos demasiadas veces el mensaje de que los migrantes son una amenaza, les dejamos morir en el mar, les desatendemos si cruzan nuestra frontera y tampoco promovemos oportunidades para los ciudadanos españoles. No hay excusas para que se repitan los errores o para que se sigan violando derechos fundamentales de las personas. Hay que asumir responsabilidades.