El Consejo de Cuentas de Castilla y León emitió una nota aclaratoria en la que realiza una serie de precisiones sobre su trabajo de fiscalización relativo al análisis del nivel de prestación y asistencia de las Diputaciones Provinciales de la Comunidad y del Consejo Comarcal de El Bierzo a los pequeños municipios. Un texto que pretende aclaras ciertas dudas que pudieran surgir como consecuencia de la aprobación del primer informe de la serie.

En primer lugar, recuerdan que se trata de una fiscalización de tipo operativo programada para las nueve diputaciones provinciales, además del Consejo Comarcal de El Bierzo, con el objetivo de analizar si dicha asistencia es está alineada con lo que establece la normativa de régimen local. Como refleja el informe, los procedimientos aplicados por un equipo de auditoría integrado por seis funcionarios públicos incluyeron las comprobaciones necesarias para fundamentar los resultados de la fiscalización.

Dichos procedimientos consistieron en la realización de pruebas selectivas, fundamentalmente a través de la información oficial obtenida de la propia institución objeto de análisis, sin perjuicio d ela información que se consideró oportuno recabar de otras administraciones con competencias en la materia y la obtenida de la Plataforma de Rendición de Cuentas y restantes antecedentes obrantes en el Consejo de Cuentas.

Como en todas las fiscalizaciones que realiza el organismo autónomo, el procedimiento se corresponde con técnicas de auditoría acordes con la metodología homologada internacionalmente en informes que aportan, como consecuencia del resultado de los trabajos realizados, recomendaciones para la mejora de la gestión de las Administraciones públicas.

Con carácter previo a la aprobación definitiva de los informes, el Consejo de Cuentas habilitó un plazo para que los entes auditados puedan realizar alegaciones, como procedimiento contradictorio que añade un plus de garantía al rigor del resultado de los trabajos. En el caso del informe sobre la Diputación Provincial de Ávila, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del Consejo, el ente fiscalizado realizó una única alegación, que fue estimada.

También añade, con carácter general, que en la elaboración del informe no existieron limitaciones, con lo que la Diputación de Ávila prestó una adecuada colaboración, a pesar de que rindió la cuenta general del ejercicio 2022 con fecha del 13 de marzo de 2024. Es decir, con posterioridad al plazo legal establecido (31 de octubre de 2023).

Por último, el Consejo de Cuentas apela al respeto del ámbito competencial de las instituciones y del trabajo de sus funcionarios, con el fin último de mejorar la gestión de las Administraciones Públicas en beneficio de todos los habitantes de la Comunidad de Castilla y León.