Carmen del Valle tiene 70 años y aún sigue en activo. No porque le guste su trabajo tanto como para no haberse jubilado sino porque si se jubila no le da para vivir. Así que esta procuradora da «gracias a Dios» por haber llegado a esta edad con un estado de salud que le permite seguir al pie del cañón. Otros compañeros, reconoce, no tienen ni esa suerte (si se puede considerar una fortuna no poderse jubilar después de más de 40 años trabajando) y han tenido que jubilarse aquejados de enfermedades graves o porque físicamente les era imposible seguir trabajando. Se han ido con una pensión que ronda los 300 euros. «Hay procuradores jubilados que tienen que recurrir a los servicios sociales», lamenta Del Valle, representante en Ávila de J2Procura y procuradora de los Tribunales desde 1984.
«Tengo una compañera jubilada que ha tenido que alquilar su casa por habitaciones porque con los 300 euros que recibe de pensión no le da ni para comer», lamenta Del Valle que pese a haber cumplido ya los 70 años sigue en activo porque si se jubilara solo cobraría 298 euros mensuales. «Un poco más, 315», matiza, porque su marido ha renunciado a la pensión de viudedad en el caso de que ella fallezca. «Es una injusticia socialtotal y absoluta», lamenta esta procuradora con despacho en Piedrahíta al hablar de una situación que afecta a una treintena de procuradores en Ávila y a miles en el conjunto del país. A todos los que durante sus años en activo han cotizado a través de la Mutualidad de Procuradores, el único sistema de previsión social establecido por adscripción obligatoria con un régimen de cotización colectiva al que los procuradores con más antigüedad podían pertenecer, «sin posibilidad de darme de alta en el Régimen de Autónomos al tratarse de un sistema sustitutorio a la Seguridad Social en aquel entonces».
Y si bien en 1995, recuerda Del Valle, se dictó una nueva ley que daba la opción a estos profesionales del Derecho de darse de alta en la Seguridad Social no fue hasta el año 2000 cuando la Mutualidad de Procuradores contempló la opción de cotizar al RETA(régimen general de trabajadores autónomos). Pese a que en el año 2002 se aprueba el pase de capitalización colectiva a individual, prosigue la representante en Ávila de J2Procura, «la ley estableció diez años para su adaptación, plazo agotado por la mutualidad y no fue hasta el 2013 cuando los mutualistas pasaron de capitalización colectiva a individual, con la gravísima merma de nuestros ahorros». En su caso concreto, cuenta, «al final tuve que hacerlo ya que perdía todos mis derechos sobre el capital aportado hasta ese momento y se daba una pérdida de oportunidad ya que no tendría años suficientes para cotizar. Es decir, comenzaría de cero».
«Las mutualidades son sistemas fallidos», denuncia esta procuradora abulense que lamenta que pese a estar «regulados legalmente y sometidos a los controles» de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y por el Ministerio de Economía la administración haya «hecho dejación de sus funciones, y por ello no podemos obtener pensiones de jubilación que cumplan con lo preceptuado en los artículos 14, 41 y 50 de la Constitución, culpa exclusiva del Estado».
«Tampoco a los complementarios que ya se encuentran en el RETA les será posible alcanzar pensiones justas. Por ello pedimos que se nos compute año x año», reclama la portavoz en Ávila de esta plataforma que apunta que «hemos cotizado lo que nos han pedido y calculado siempre bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros, y nunca se han considerado las contingencias no consumidas y que suponen un ahorro así como el pago de impuestos que hemos realizado para contribuir con el bienestar social de todos los españoles».
«Nos han obligado a permanecer en un sistema fallido, abocados a pensiones indignas, sin ninguna garantía constitucional, sin derechos a revisión del IPC , sin pagas extraordinarias, sin consideración de pensionista por lo que no tendría derecho a bonificaciones para medicinas o tarjeta europea de salud», sigue enumerando esta procuradora la situación que ella y otros miles de compañeros de profesión tienen en la actualidad y cuya pensión pese a haber cotizado 35 años o más no llega ni a la pensión mínima de la Seguridad Social y las previsiones constitucionales.
«Queremos que se nos reconozcan nuestros derechos, y no gratuitamente, sino que la Mutualidad ingrese por cada uno de nosotros que opte a la pasarela al RETA los capitales consolidados, así como la parte proporcional que nos corresponden de los fondos propios, patrimonio neto o beneficios acumulados según el valor determinado en el balance económico», comparte Carmen las pretensiones de esta plataforma que denuncia la situación de estos mutualistas convertidos en «ciudadanos de tercera».
TRABAJAR PRÁCTICAMENTE GRATIS
No solo reclaman los procuradores pensiones dignas sino también una retribución más justa en en el servicio de justicia gratuita. «Cobramos 30 euros por procedimiento», lamenta Carmen del Valle, representante en Ávila de la plataforma J2Procura, quien pese a que hace años cursó baja en el turno de oficio sigue atendiendo «asuntos de justicia gratuita y obligada a prestar un servicio público prácticamente gratuito» que, lamenta, «no nos cubre ni tan siquiera los gastos, pero sí nos practican la correspondiente retención del IRPF». «Ponemos nuestros despachos, coches, medios informáticos, seguro de responsabilidad civil a disposición de la administración y, a pesar de tener una relación laboral y ser un trabajo impuesto y obligatorio, el Ministerio de Justicia nunca nos ha dado de alta en la Seguridad Social, para realizar estos trabajos», hace pública esta procuradora una denuncia que este colectivo profesional lleva años realizando sin que sus pretensiones hayan sido atendidas.