El que fuera jefe de la Comandancia de Ávila entre 2015 y 2017, el teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Alonso Rodríguez, negó este miércoles ante la juez que investiga el denominado 'caso cuarteles' haber participado en las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras que se investigan en al menos 13 comandancias de la Benemérita, al tiempo que señaló a un subalterno como responsable de supervisar los trabajos que están bajo sospecha.

Alonso Rodríguez acudió a los Juzgados de Plaza de Castilla acompañado de su abogada después de que el pasado marzo pidiera a la juez María Isabel Durántez que le permitiera comparecer de forma voluntaria para demostrar su «falta de conocimiento y de participación» en los hechos que se investigan.

Asuntos Internos de la Guardia Civil cifra en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por al menos 13 comandancias del Instituto Armado a las empresas administradas por el empresario Ángel Ramón Tejera, alias 'Mon', también investigado en la causa. Ello pese a constar que algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, «lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación».

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisaron que el teniente coronel, tal y como avanzó en un escrito que presentó ante el juzgado antes de que le citaran, se ha desvinculado de los delitos que se le atribuyen en este caso que se empezó a instruir en Ávila en 2019 y fue remitido a Madrid en 2021

Según las mismas fuentes, Alonso Rodríguez –que ha declarado durante casi hora y media– ha aprovechado para explicar el funcionamiento de la Comandancia de Ávila e incidir en que él era el jefe, pero tenía subalternos con responsabilidades, por lo que no revisaba toda la documentación que se aprobaba en el órgano. En el marco de su intervención, en la que ha contestado a su defensa y a la Fiscalía, el teniente coronel señaló a un subalterno al que atribuyó la supervisión de los trabajos que permanencen bajo sospecha. Respecto a la aprobación y pago de las contrataciones, aseguró que éstas se gestionaban a través de una caja única que él no era el responsable de supervisar.

A lo largo del procedimiento, Alonso Rodríguez ha defendido en reiteradas ocasiones que él nada tiene que ver con los hechos que se investigan en otras comandancias ajenas a la de Ávila y que la investigación le ha causado un daño a su imagen. Este miércoles hizo lo propio para insistir en que no tenía conocimiento de ilícito o irregularidad alguna en las obras que se investigan.

LOS INFORMES DE ASUNTOS INTERNOS DE LA GUARDIA CIVIL. La versión que defendió el teniente coronel ante el juzgado contrasta con la del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que en uno de los atestados aportados a la causa asegura que pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran.

En el atestado, al que tuvo acceso Europa Press, los investigadores subrayan que Alonso Rodríguez «en un mismo día» y «con escasa diferencia horaria» solicitó, autorizó y ordenó el pago de varias facturas emitidas por empresas de Ángel Ramón Tejera de León para trabajos en varios acuartelamientos de la provincia de Ávila.

En un escrito aportado al procedimiento meses atrás y al que tuvo acceso esta agencia de noticias, Alonso Rodríguez se desmarcó de las acusaciones en su contra y respondió a un informe de Asuntos Internos de octubre de 2020 que recogía que en los años 2016 y 2017 había ingresado en sus cuentas bancarias distintas partidas de dinero en efectivo por importe de 21.500 euros «cuyo origen (...) no ha podido ser determinado».

El teniente coronel insistió en su escrito en que no había tenido ingreso alguno que no se correspondiese a su «nivel de ingresos declarados» y que no había visto incrementado su patrimonio de forma significativa. Según explicó, él y su mujer empezaron a ahorrar en metálico en junio de 2010 y que su suegra –que falleció ese año– «en vida (le) entregó dinero en efectivo para gastos».

En el marco del procedimiento, este mismo miércoles también compareció presencialmente ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid el teniente general Pedro Vázquez Jarava, quien fuera subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil.

La juez había citado a todos los investigados para informarles de su situación procesal después de que acordara ampliar la causa a raíz de un informe en el que la Fiscalía dice apreciar indicios de presuntos delitos de cohecho que habrían sido cometidos por los cuatro investigados. Dicho delito se suma a los de malversación de caudales públicos y falsedad documental que constan en la causa.

Esta vistilla está prevista en la Ley del Tribunal del Jurado para los procedimientos en los que el Ministerio Público pide transformar la causa para que en caso de ser procesados sean juzgados por un tribunal del jurado; ello dado el tipo de delitos que se investigan.