10 borrones en dos años

Agencias
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La sombra de la falta de neutralidad ha planeado siempre sobre la figura de García Ortiz, hasta el punto de que en el tiempo que lleva alfrente de la Fiscalía se ha visto inmerso en una decena de polémicas

La imagen del devoto saludo que tributó a Pedro Sánchez y su esposa en un acto público le ha perseguido - Foto: Vía EFE

En los dos años que lleva en el cargo, Álvaro García Ortiz ha dado sobradas muestras de que no es un fiscal general al uso. Su credibilidad, maltrecha ya desde el inicio por su cercanía al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha sufrido sucesivos golpes. La famosa pregunta que lanzó el presidente del Gobierno -«¿De quién depende la Fiscalía?»- le ha perseguido siempre. Estas son las 10 polémicas en que se ha visto envuelto:

Primer fiscal imputado

Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su filtración evidenció que supuestamente utilizó su cargo para, en último extremo, socavar la imagen de Ayuso.

Declarado no idóneo

Llegó a la cúspide de la Fiscalía General tras unos años al frente de la Secretaría Técnica, si bien su cercanía con su antecesora, la también exministra Dolores Delgado, hizo que fuese objeto de críticas políticas y de la carrera fiscal. Recibió entonces el aval del Consejo General del Poder Judicial, algo que no ocurrió un año después, cuando el Gobierno volvió a proponerle tras las elecciones generales. Por primera vez, el CGPJ decidió que no era idóneo para el cargo. Tras ello, acusó al Consejo de actuar como «un tribunal de honor».

'Dedazo' bajo sospecha 

Si hay un asunto muy cuestionado en su trayectoria ha sido su política de nombramientos, con frecuencia llevada al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal revocó algunos de sus nombramientos más polémicos, como el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala, la máxima de la carrera, donde los magistrados vieron una «desviación de poder»; o su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo al que la volvió a proponer el fiscal general.

Choques por el procés

Uno de los choques más mediáticos a nivel interno se produjo con los fiscales del procés, cuando estos se opusieron a acatar la orden de García Ortiz de amnistiar todos los delitos a los líderes independentistas catalanes, -ellos dejaban fuera la malversación- por ser «improcedente» y «contraria a las leyes». Finalmente, la cúpula fiscal avaló por la mínima el criterio del fiscal general y como resultado, los cuatro fiscales se apartaron de la causa.

El 'caso tsunami'

Con la amnistía a las puertas, el Ministerio Público pidió al Supremo no investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami, desoyendo la posición de la cúpula fiscal y tras el cambio de criterio del fiscal del Supremo en su informe inicial, algo que, parte de la carrera fiscal y la oposición, achacaron a García Ortiz. Semanas después, la causa fue archivada pero no fueron pocos los fiscales que hablaron de un desgaste interno innecesario.

El 'ministro 23'

En la esfera política, su figura se ha convertido estos años en diana de críticas hacia el Gobierno, con alusiones habituales a él como «ministro número 23» y frecuentes peticiones de dimisión. El pasado mayo fue reprobado por el Senado, con la mayoría absoluta del PP.

Crispación por 'lawfare'

Hasta18 fiscales del Supremo arremetieron contra él por «ignorar deliberadamente» la demanda de amparo de los togados del procés, por las alusiones al lawfare (instrumentalización de la Justicia) plasmadas en el acuerdo PSOE-Junts. Además, el CGPJ advirtió de su inacción ante la campaña de «ataques mendaces» contra esos mismos fiscales, mostrándose incluso «en sintonía» con sus promotores. 

Recurso en contra

En febrero de este año, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), muy crítica con su labor, recurrió ante el Supremo su designación como fiscal general del Estado, al considerar que su actuación y su «parcialidad» en favor del Gobierno mostraban que su nombramiento no se ajustaba a la ley. El tribunal aún debe pronunciarse sobre este asunto.

Magistrados recusados

En un hecho insólito, pidió la recusación de cuatro de los cinco magistrados que tienen que resolver el recurso contra su nombramiento, pero el alto tribunal inadmitió a trámite su petición no solo por «la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación» sino porque su formulación es «extemporánea».

Consejo fiscal en contra

La mayoría de las asociaciones de fiscales están claramente en su contra y piden su dimisión.