Más de medio millón de castellanos y leoneses se encuentran ya en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone que la tasa ha crecido en el último año del 22,1 al 22,4 por ciento. A la par, también lo ha hecho el indicativo de la pobreza severa, que ha aumentado del 7,2 al 8,9 por ciento de la población. Estas es la realidad social que dibuja el XIV Informe sobre el estado de la Pobreza en Castilla y León, basado en la Tasa Arope, presentado por la Red Europea EAPN, que advirtió de que a pesar de que en los hogares se trabaja más, el 22,4 por ciento de la población regional está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El presidente de EAPN en la Comunidad, Óscar Castro Vega, expuso este jueves los principales datos y destacó que la autonomía se encuentra en el noveno lugar con relación a las que presentan menor riesgo de pobreza y exclusión social, por debajo de la media nacional del 26,5%. Además, subrayó que la población en situación de pobreza alcanza un 18,2 por ciento, un aumento en comparación con el año anterior de cuatro décimas (17,8 por ciento).

«Especialmente preocupante», dijo, es la brecha entre el entorno rural y el entorno urbano, pues el 30 por ciento de la población en los primeros están en situación de pobreza, frente al 18,4% de las áreas urbanas. De hecho, ha aumentado de forma relevante en el medio rural, algo que el coordinador del informe, Jonathan Sánchez, achacó al envejecimiento y la cuantía de las pensiones, así como la feminización y la marcha de los jóvenes a núcleos urbanos y la falta de servicios e inversión. «Es la tormenta perfecta». En términos de renta, Sánchez abundó en la diferencia cada vez más amplia entre las más altas y las más bajas. Así, el 20 por ciento de la población con mejores ingresos de la Comunidad recibe una renta 5,1 veces superior a la del 20 por ciento más pobre.

Es por ello que Óscar Castro destacó la «urgente necesidad» de aplicar políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas en situación de pobreza y exclusión y se refirió a tres retos principales: visibilizar el trabajo del Tercer Sector, centrar la intervención en las personas y sensibilizar a la sociedad. A este respecto, UNICEF Castilla y León reclamó alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia en cada presupuesto anual, que «garantice que sea suficiente y adecuada, blindándola frente a variaciones políticas y económicas», informa Ical.

Preguntado por los datos de este informe, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la implantación del ingreso Mínimo Vital (IMV) ha podido influir en el aumento de la pobreza en Castilla y León, porque «ha dejado fuera la Renta Garantizada de Ciudadanía» y se ha desvinculado de la escolarización de niños y de la búsqueda de empleo, que sí tenía la ayuda autonómica. «Esto está provocando un aumento de estas tasas de pobreza».