La situación de interinidad que vive desde hace años el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (su mandato concluyó el 4 de diciembre de 2018) está deteriorando la imagen de la Justicia española. Hoy, el órgano de gobierno de los jueces cumple cinco años caducado, lo que supone una situación inédita y anómala que desde dentro califican ya de «insostenible».

Ante la nueva legislatura hay dos posibilidades de renovación sobre la mesa: un acuerdo político entre PSOE y PP o bien una reforma legal. No obstante, fuentes vinculadas a la judicatura llaman a la cautela debido al actual clima de confrontación entre el Gobierno y el mundo judicial a cuenta de la amnistía, lo que abocaría a la segunda opción.

Este Consejo se constituyó el 4 de diciembre de 2013 con los 20 vocales que marca la ley más el presidente elegido por ellos, Carlos Lesmes, con una mayoría conservadora. Debió renovarse en 2018, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP -que son los únicos que suman las mayorías parlamentarias necesarias- ha llevado a esta situación de estancamiento una década después.

A lo largo de los años, el órgano de gobierno de los jueces se ha ido descomponiendo. Solo quedan ya 16 vocales -aunque se mantiene el dominio conservador- tras jubilaciones y fallecimientos. Además, ha visto pasar tres presidentes. Lesmes dimitió en octubre de 2022 para forzar el pacto PSOE-PP y le sucedió Mozo, por ser el vocal de mayor edad. Pero este último tuvo que jubilarse el pasado 19 de julio, cediendo el testigo al actual mandatario interino, Vicente Guilarte.

En este tiempo, ha habido varios intentos de renovación, los más recientes en el contexto de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, si bien saltaron por los aires con el adelanto de los comicios generales al 23 de julio. Ahora, constituido el nuevo Gobierno, se abre una nueva ventana.

La duda está en el cómo. La opción idónea es que PSOE y PP retomen las negociaciones. De hecho, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, trasladó a Guilarte en su primer encuentro que su intención era recuperar el acuerdo de hace un año, que estaba prácticamente cerrado -con 10 progresistas y 10 conservadores, siendo la Presidencia el principal escollo- y naufragó por el anuncio de la inminente reforma del delito de sedición.

En el PP, aunque están dispuestos a sentarse, siguen dibujando la misma línea roja y exigen que la renovación vaya acompañada de una reforma para que los 12 vocales que deben ser elegidos entre jueces y magistrados sean seleccionados por sus pares, en línea con los estándares europeos, quedando los otros ocho vocales designados entre juristas de reconocido en manos de las Cortes Generales.

Habría también otra vía: una «renovación por las malas» mediante una reforma legal impulsada por el Gobierno y sus socios que deje a un lado al PP. Algo que, sin duda, ahondaría la confrontación.