Los funcionarios de Castilla y León se preparan para contar en seis meses con un nuevo paraguas normativo que servirá para adecuar la legislación a los cambios sociales y tecnológicos para dejar atrás la actual ley, vigente desde el año 2005. «La Junta quiere que la norma que se apruebe sea de futuro», resumió el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, encargado de descifrar el esqueleto que soportará la Ley de Función Pública de Castilla y León, cuyo contenido conoció este jueves el Consejo de Gobierno y que ahora arranca su tramitación antes de ser aprobada. La principal novedad será la inclusión de un permiso retribuido para las funcionarias a partir de las 37 semanas de embarazo y hasta el parto, que se amplían a las 35 en caso de embarazos múltiples. Algo que ya había avanzado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate sobre el Estado de la Comunidad de junio y cuyo coste la Junta estima ahora en un millón de euros: «Es una demanda social justa».
Un cambio legislativo que adelantará dos semanas el plazo para que las funcionarias embarazadas puedan retirarse del trabajo. «Somos conscientes y así lo hemos constatado, que hay incomodidades asociadas a las últimas semanas de gestación y que son bastante incapacitantes para su desempeño profesional», resumió González Gago, que ahondó en esta premisa para asegurar que el «bienestar físico y mental de las empleadas públicas ha de estar por encima de todo lo demás». En resumen, el Ejecutivo regional quiere evitar estas bajas laborales y sustituirlas por un período automático de permiso retribuido como el que se incorpora en la actualización de Ley: «Con esta ampliación de derechos daremos un importante paso adelante».
Esta novedad, no obstante, solo se aplicará a las funcionarias de la administración autonómica, ya que para personal laboral y estatutario de Sacyl tienen su propia normativa y su extensión supondría la modificación de la misma. Dentro del ámbito familiar, el proyecto de Ley de Función Pública mantiene la reserva del puesto durante tres años por cuidado de hijo.
Más allá de este permiso retribuido para las gestantes, González Gago también repasó brevemente otras modificaciones asociadas a la nueva normativa que espera que esté aprobada «en un plazo de seis meses». Tres son los objetivos que persigue la Junta con el despliegue de esta nueva Ley que sustituirá a la actual, vigente desde el año 2005: garantizar un adecuado funcionamiento de la administración autonómica; satisfacer los intereses de los empleados públicos; y avanzar en la calidad de los servicios públicos que se prestan en Castilla y León.
Cuerpos y Escalas
González Gago abundó en los cambios para referirse a la nueva regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios, que se «adaptará a la realidad del empleo público actual». Bajo esta premisa se establecerá la creación de nuevos cuerpos y la eliminación de otros, bien porque se encuadrarán en otros ya existentes, o porque no tienen ningún empleado público en activo. Además, se actualizan las modalidades de carrera profesional, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y se especifica claramente qué puestos de trabajo pueden ser objeto de provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios de carrera.