La Consejería de Familia es el departamento que mayor incremento de fondos presenta en el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2024, con 1.368 millones, un 8,31% más. Unos números que para la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, servirán para que Castilla y León «consolide un modelo innovador» de Servicios Sociales «cercano» a las familias y las personas. «A la vanguardia de la atención social, reconocida a nivel nacional, que es la piedra de toque de una política social que piensa en la persona y sus necesidades», verbalizó Blanco durante su intervención en las Cortes para detallar el presupuesto de su departamento, que señaló que servirá para «mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de las personas de Castilla y León, especialmente de las más vulnerables».
La consejera destacó que se consigna el 65,2 por ciento de su presupuesto a la atención a la Dependencia con un montante 892 millones de euros, un 11,43 por ciento más que en 2023, lo que supone gastar casi 2,5 millones al día. Además manifestó que es el único sistema que no tiene lista de espera en toda España, un 0,13% frente al 9,91% de media nacional. «Atendemos a más personas, con más prestaciones y en menos tiempo, garantizando una atención plena, ágil y sin dilaciones», sostuvo Blanco, que advirtió de que el sistema está infrafinanciado por parte del Estado, cuya aportación está «muy por debajo de lo que exige la ley».
La promoción y el apoyo a la familia alcanzará en 2024 los 52,1 millones en Castilla y León, partida que asciende un 2,67% en comparación con el pasado año. Se trata de una inversión que defiende el «compromiso cierto y mantenido en el tiempo» hacia las familias, dado que la partida destinada en esta materia triplica la recogida en el presupuesto de 2021. Blanco detalló que las actuaciones principales pasan por el 'Bono Nacimiento', que cuenta en 2024 con 20 millones de euros; el 'Bono Concilia', con una ayuda de 750 euros por hijo para servicios de conciliación, para el que se destina en este presupuesto once millones de euros.
Dentro de este apartado también señaló que a través de la Red de Protección a las Familias, la Junta garantiza la provisión de los productos de primera necesidad, ayudas para paliar la pobreza energética, para las necesidades de los menores y promueve la integración sociolaboral de las personas vulnerables, atendiendo anualmente a cerca de 280.000 familias. Blanco también resaltó la intención de «mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores», un colectivo con más de 631.000 individuos, el 26,48% de la población de Castilla y León, en sus propias palabras, y destacó que la Consejería ha presupuestado 309,3 millones. Para finalizar, Isabel Blanco evidenció que las personas con discapacidad «son una prioridad en el presupuesto de la Consejería» al destinar 213,8 millones, con un incremento del 6,36 por ciento, es decir, 12,8 millones más.
Firme compromiso contra la violencia machista
La consejera de Familia aprovechó su intervención para reiterar el «firme compromiso» de la cartera para erradicar la violencia contra las mujeres, ámbito al que se destina 3,59 millones de euros en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2024, lo que supone una subida del 35%, al contar con un «sistema que apuesta por la sensibilización y por la información». Blanco aseguró que este incremento va a permitir «reforzar y ampliar la red de atención a las víctimas de la violencia machista», y apuntó que se diseñarán nuevas campañas de sensibilización en esta materia, especialmente dirigidas a la población más joven, a las que se destinarán 500.000 euros. De igual forma, trasladó que aumentarán el presupuesto de la Red de Centros Residenciales.
El PSOE recuerda que el incremento presupuestario llega desde el Estado
La oposición parlamentaria lamentó que la Junta «presuma» de incrementar en un ocho por ciento el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuando este «aumento real procede de la financiación del Gobierno de España», al dejar claro que los servicios sociales en Castilla y León crecen gracias a la acción del Ejecutivo estatal. Postura que compartieron la procuradora socialista Yolanda Sacristán, junto al procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, quien señaló que el presupuesto de 2024 «no crece por voluntad de Alfonso Fernández Mañueco, sino por la voluntad de otro presidente», en relación al Gobierno de España, y apuntó que de los 106 millones que se eleva el presupuesto, 102 provienen de transferencias estatales. «Por primera vez, la aportación del Gobierno de España a la Gerencia de los Servicios Sociales supera la de la Junta, con 622 millones de euros que aporta el Ejecutivo estatal frente a los 618 que aporta la Junta». Por ello, la socialista se preguntó a qué está destinando la Junta el presupuesto que no invierte en dependencia, algo que ocurre, de manera similar, con la Renta Garantizada de Ciudadanía. A ese respecto, la consejera de Familia detalló que 581 millones proceden del Gobierno de España, 53 de fondos europeos, y otros 733 millones se enmarcan en fondos propios de la Junta.