El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) elegirá este lunes, 3 de marzo, al que será su presidente durante los próximos cuatro años, cargo al que aspira María Sonsoles Jiménez Herrero, decana del Colegio de Abogados de Ávila. Los nueve decanos de las distintas provincias de la Comunidad serán los encargados de votar en una reunión del Pleno, donde deberán decantarse por la decana abulense por el decano de León, Fernando Rodríguez Santocildes, que también ha presentado su candidatura.

María Sonsoles Jiménez Herrero es colegiada número 562 de Ávila y ejerciente desde 1990. Fue elegida decana de los letrados abulenses en diciembre de 2020 después de ocupar el cargo de secretaria del colegio. Es consejera decana del CACYL, donde preside la Comisión de seguimiento del convenio de violencia de género y agresiones sexuales con la Junta de Castilla y León, y es miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). En esta entrevista concedida a Diario de Ávila explica los motivos que le han llevado a dar este paso y los retos a los que se enfrenta la profesión en los próximos años.

¿Qué motivos le han llevado a presentarse a la presidencia del Colegio de la Abogacía de Castilla y León?

Después de treinta y cinco años en el ejercicio profesional de la Abogacía, quince de ellos dentro de la Abogacía Institucional, considero que con mi experiencia puedo contribuir a defender los intereses generales de mi profesión, que en definitiva son los intereses de la ciudadanía, definida en nuestro Estatuto General como «una profesión libre e independiente que asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada, constituyéndose en garantía de los derechos y libertades de las personas».

Esta candidatura nace del convencimiento de que debemos afrontar con determinación los desafíos actuales que enfrenta nuestra profesión. Es necesario un Consejo fuerte, representativo y cercano a todos los abogados y abogadas de nuestra comunidad, un Consejo que una a los nueve Colegios de la Abogacía, que vele por la dignidad de la profesión y que impulse medidas concretas para garantizar mejores condiciones en el ejercicio profesional.

En caso de ser elegida presidenta, ¿a su juicio cuáles son las prioridades que debe acometer?

Son innumerables los retos que tiene por delante la Abogacía del futuro, movida por los avances de la tecnología que se muestra imparable y una Inteligencia artificial que ha de ayudar a las personas, pero nunca sustituirlas; pero al margen de estos avances tenemos que resolver una serie de problemas que ya son endémicos. 

¿Cuáles son esos problemas endémicos?

En primer lugar, la defensa de la dignidad de nuestra profesión, que se ve a menudo comprometida porque no se valora adecuadamente el trabajo del abogado. Considero fundamental que la Presidencia del CACYL tenga un diálogo directo y constructivo con las autoridades judiciales que permita abordar los problemas que tenemos en el día a día en nuestra relación permanente con la Administración de Justicia. Hoy, nuestra profesión se enfrenta a desafíos que exigen unión y reivindicación.

Es por ello que reivindicamos un trato justo para la abogacía. La abogacía es pilar fundamental del Estado de Derecho, garante de los derechos y libertades de la ciudadanía. Por tanto, si no se respeta al abogado, en el ejercicio de su función, no se respetan los derechos de la ciudadanía.

Y demandamos recursos adecuados para garantizar una Justicia accesible y eficiente para todos, porque sin una Justicia digna, no puede haber un Estado de Derecho sólido. La abogacía, como defensora del interés general, no puede permanecer en silencio mientras la falta de medios amenaza el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

Una de las grandes reivindicaciones de la profesión es la situación que se vive en el turno de oficio.

Efectivamente. Es necesario el reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la labor profesional y de los derechos retributivos de los abogados y abogadas del turno de oficio. La Comunidad Autónoma de Castilla y León es la más grande de las que se encuentran incluidas en lo que denominamos territorio común o zona Ministerio, y, por ello, desde nuestro Consejo Autonómico debemos promover iniciativas y hacer reivindicaciones para conseguir una regulación más justa que reconozca el trabajo realizado por los abogados y abogadas del turno de oficio y que se retribuyan todas las actuaciones realizadas por ellos, en igualdad con otras comunidades autónomas.

Otro tema que está candente es el de la jubilación.

Así es. Es fundamental defender una jubilación digna. Tras más de treinta años cotizando en la Mutualidad de la Abogacía, un sistema impuesto por el Estado, muchos compañeros se enfrentan a pensiones que apenas les permiten vivir con dignidad. Desde nuestro Consejo Autonómico también tenemos que contribuir a impulsar una reforma profunda del sistema, que revise tanto las condiciones de aportación como las de retribución, garantizando que el esfuerzo y la dedicación de nuestros abogados sean justamente reconocidos. Tenemos que trabajar para que nadie se jubile con una pensión inferior a lo que realmente merece su trayectoria profesional.

¿Qué mensaje final le gustaría transmitir a sus compañeros y a los profesionales que confían en su candidatura?

Que únicamente mediante el trabajo conjunto, el apoyo y la solidaridad de los nueve Colegios de la Abogacía de Castilla y León podremos garantizar el respeto, la dignidad y la justicia que nuestra profesión requiere en cada rincón de nuestra Comunidad Autónoma, en condiciones de igualdad en la prestación de los servicios.