Alquilar una vivienda hoy en día en Ávila, como en tantos puntos de España, no es tarea sencilla. A la escasez de pisos que existen en el mercado para el alquiler se suman unos precios desorbitados precisamente por esa carestía, y a ello se ha unido un hecho que hace prácticamente inviable a algunos colectivos acceder a una vivienda, como es el caso de las familias.

Desde el sector inmobiliario reconocen que esta práctica se debe al temor que se ha infundido entre los propietarios con la Ley de Vivienda en vigor, que buscaba proteger a esos colectivos más vulnerables y se han encontrado con que cada vez lo tienen más complicado para acceder a una vivienda en alquiler.

Los propietarios temen que esos inquilinos, a los que protege la ley, dejen de pagar y sean considerados vulnerables y se "atrincheres" en los pisos y no puedan ser desalojados al menos durante un año. Por eso, los propietarios prefieren inquilinos que estén de paso, y en el caso de Ávila existe un mercado muy apetecible, entre los que se encuentran, por ejemplo, los alumnos de la Escuela Nacional de Policía, gente que permanece en Ávila un tiempo limitado y que después dejará la vivienda.

La solución del problema, que no es exclusiva de Ávila, no es sencilla, y más cuando estamos ante un mercado en el que por cada oferta que hay existen una media de quince inquilinos que tratan de acceder a esas viviendas, lo que ha contribuido también al encarecimiento de los precios. Y también a que se esté iniciando una práctica que hasta ahora no era muy habitual, como el alquiler de habitaciones.

Esa capacidad de poder elegir hace que los propietarios busquen que a la hora de alquilar una vivienda apuesten por los inquilinos más solventes, lo que deja a los colectivos más vulnerables en una situación de indefensión.

Esto obliga a que se replantea la Ley de Vivienda, que también debe proteger a los propietarios, que se han encontrado desamparados en muchos casos ante una normativa que no le da muchas opciones cuando encuentra inquilinos que no pagan, con procesos nada sencillos y que se perpetúan.

Tampoco las administraciones están apostando por unas políticas de vivienda que traten de encauzar la situación, y las viviendas de alquiler social que podían ser una solución para tratar de destensar el mercado se encuentran con cuentagotas. Como tampoco se ha demostrado como una buena solución el tratar de poner unos topes a los precios de mercado, porque también han contribuido a reducir ese parque inmobiliario del alquiler.

La Administración es quien debe poner unas reglas del juego donde inquilinos y también propietarios se encuentren cómodos y hasta que eso no se corrija los problemas con el alquiler de viviendas seguirán acrecentándose.