La Junta de Castilla y León cumplirá con lo establecido en la ley de blindaje de servicios esenciales aprobada esta semana en el Parlamento autonómico, y con la que se siente vinculada el Ejecutivo regional. «Su utilidad es que se eleva a rango de ley los servicios púbicos que están entre los mejores de España», se enrocó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que no dudó en retar a la oposición, ante las dudas expresadas durante el debate parlamentario, a denunciar en caso de que vean que se incumple. La norma recoge el mantenimiento de unidades educativas siempre que haya, al menos, tres alumnos, por lo que el portavoz insistió en que un cambio que suponga «rebajar servicios» solo se puede hacer modificándola. «Nos obliga a cumplirlo», aseveró, ante la critica de PSOE de que es «inútil» y de Francisco Igea de que es «un timo de la estampita».

Y es que, ante las dudas expresadas por la oposición, ya que para la supresión o creación de nuevos servicios se tienen que pronunciar las Cortes y después la decisión corresponde al Consejo de Gobierno que puede tomar una decisión contraria a lo acordado en la Cámara, Fernández Carriedo insistió en que están «vinculados» por la ley y, por tanto, «obligados a cumplir». «Sí creen que se incumple la ley, la pueden recurrir», volvió a señalar el portavoz autonómico a la oposición. «Claro que la vamos a cumplir», recalcó en varias ocasiones, al tiempo que recordó que es un compromiso electoral del presidente de la Junta y recogido en su discurso de investidura. Precisamente, apuntó a que si las paradas de servicio de autobús por carretera estuvieran blindadas por ley el Gobierno no podría suprimirlas, como denuncian la Junta y el PP.