El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León expresa su "inmensa preocupación" ante la voluntad del Ejecutivo autonómico de "revisar o eliminar" diversos programas y líneas de actuación que afectan a trabajadores en activo, parados, empresas, autónomos, inmigrantes y colectivos vulnerables, acordados en el marco del Diálogo Social. 

Al respecto, el órgano consultivo, en sus recomendaciones del Informe Anual 2021 recogidas por Ical, insta a la Junta de Castilla y León a "seguir apostando" por la concertación, por el Diálogo Social "con los legítimos representantes de trabajadores y empresas, cumpliendo con los acuerdos alcanzados y la legalidad vigente". Además, reclama a la Junta a "mantener y valorar" debidamente el Diálogo Social sectorial, como en el ámbito de las organizaciones representativas del campo, del trabajo autónomo y de la economía social y, en general, con todas las asociaciones de la sociedad civil representativas.

Igualmente, solicita a la Junta de Castilla y León la "preservación, promoción y desarrollo" del modelo de Diálogo Social de la Comunidad, "instrumento esencial para la certidumbre y confianza en el futuro, y de sus valores y utilidad, tanto por ser expresión de la democracia participativa como por ser seña de identidad de nuestra Comunidad, hasta el punto de haber sido elevado a principio rector de Castilla y León en el Estatuto de Autonomía".

El CES valora el consenso alcanzado por los agentes económicos y sociales y la Junta de Castilla y León, y considera que "el diálogo es el camino más adecuado a seguir por el sector público en el diseño y evaluación de sus políticas, pues se facilitará su aplicación práctica y mejorará sus resultados y la gobernanza".

Serla

Por otra parte, el CES insiste en la necesidad de que el sistema de solución autónoma de conflictos laborales de la Comunidad, Serla, "no solo se mantenga, sino que se refuerce, considerando que es la manera más eficaz para que personas trabajadoras y empresas lleguen a acuerdos.

En cuanto al sistema de solución de los conflictos individuales establecidos en el III ASACL, puesto en funcionamiento en la Comunidad en 2016 de manera inicial sólo para la provincia de Valladolid, está prevista su implantación progresiva como "única vía de solución de los conflictos individuales con carácter previo a la vía judicial para el resto de las provincias de nuestra Comunidad". 

En este sentido desde el CES defiende que es necesario que su implantación en el resto de Castilla y León "pueda producirse, de conformidad con los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social pero siempre dotándolos de medios materiales y personales necesarios y suficientes para poder hacer frente con la máxima eficiencia al incremento de las solicitudes de intervención que se han venido produciendo en paralelo al aumento de su ámbito competencial".