Cinco comunidades autónomas y cientos de ayuntamientos contienen la respiración. La jornada electoral del 28 de mayo de 2023 tiñó el mapa de España de azul en una buena parte del territorio. Pero ese azul 'popular' necesitó como muleta para poder gobernar el verde de Vox, que se 'coló' como invitado no del todo deseado en la fiesta municipal y autonómica del PP. La formación capitaneada por Núñez Feijóo, desde la irrupción de los 'voxistas', nunca ha terminado de dar con la tecla a la hora de interpretar el comportamiento de lo que encuentra a su derecha. De hecho, en determinados asuntos delicados, como la violencia de género, el tratamiento hacia el colectivo LGTBIQ+ o la memoria democrática, las fricciones entre ambas formaciones son más que evidentes. El tira y afloja suele ser una constante vital de la simbiosis. Y, en muchos de esos pactos, la amenaza de la ruptura ha sobrevolado, en algunas ocasiones con mayor intensidad que en otras. Cierto es que al final, en prácticamente todos los casos, es amagar sin dar.

Ahora el cisma se ha abierto a cuenta de otro de esos asuntos espinosos que molestan y mucho a la cúpula de Vox. Santiago Abascal amenaza con hacer saltar por los aires todos los pactos «por el intento de repartir inmigrantes ilegales» en los territorios en los que ellos tienen voz y voto en sus ejecutivos. «Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas», llegó a afirmar el máximo responsable de Vox. Núñez Feijóo, con buen criterio, ha ignorado este órdago y asegura que las comunidades autónomas pondrán a disposición su capacidad para atender a los menores que lleguen hasta territorio español. El Gobierno, por su parte, solicita al Partido Popular «responsabilidad» y «altura de miras», y que le apoye en la reforma de ley de extranjería. El principal objetivo es que las comunidades acojan a jóvenes migrantes no acompañados de forma «solidaria y vinculante» con los territorios de llegada.

Hay que poner líneas rojas. Ningún pacto de gobierno, sea del color que sea, puede depender constantemente de amenazas de ruptura bajo justificaciones que atentan contra principios fundamentales. En este caso, lo que hay sobre la mesa es una cuestión humanitaria. Son personas que arriesgan su vida por intentar buscar la salida en un callejón oscuro. Muchos de ellos mueren en el intento. Además, también es una cuestión de solidaridad interterritorial. Canarias no puede más... Junts, a los que Vox defenestra, no quiere una Cataluña solidaria, por ejemplo, en cuanto a financiación autonómica. Ahora es Abascal y los suyos los que tampoco quieren que lo sean –en otro apartado– Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Extremadura. El mismo perro con distinto collar.