El aval de la Junta se podrá solicitar el 23 de mayo

SPC
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Suárez-Quiñones acusa al Gobierno de perseguir «réditos electorales aprovechando las políticas del PP», mientras Tudanca pide «lealtad» al Gobierno

Una joven observa los anuncios de una inmobiliaria. - Foto: Luis López Araico

La polémica 'similitud' entre el programa de avales para la compra de vivienda de los jóvenes presentado por la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo y la anunciada recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue tensando la cuerda entre el Ejecutivo regional y el central, con el PSOE autonómico de por medio. Tras la salida este lunes a consulta pública de su plan de avales, ayer, el titular de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quiso ir un paso más allá y poner fecha a su estreno. Los jóvenes de Castilla y León podrán solicitar a partir del 23 de mayo el aval autonómico del 17,5% para la suscripción de una hipoteca para adquisición de vivienda. Mientras, desde las Cortes, el líder del PSOE autonómico, Luis Tudanca, abandonó la hostilidad mostrada este lunes por su secretaria de Organización y propuso que se sumen y complementen los avales hipotecarios de la Junta y el Gobierno.

Antes, Suárez-Quiñones había profundizado en la medida autonómica, algo que aprovechó para arremeter contra el Ejecutivo central por perseguir «réditos electorales» y realizar anuncios «aprovechando las políticas del PP y de la Junta». «Una vez más, la Junta conoce estas medidas por los medios de comunicación, sin contacto previo del Gobierno con las comunidades cuando son competencias autonómicas, algo reprochable y sorprendente», sostuvo el consejero, quien aplaudió este tipo de políticas «copiadas» del programa de vivienda presentad por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que están implantadas en las comunidades en que gobiernan los 'populares', como son Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León.

«Nos parece bien, porque está en la vía de nuestras políticas y no en la confiscación y la prohibición de la Ley de Vivienda, sino en fomentar las políticas de ayudas a los más vulnerables, como son los jóvenes», defendió el consejero, que reclamó «seriedad» y pidió al Gobierno que «cese» en esa «unilateralidad para buscar réditos electorales y trabaje con las instituciones, gobierne o no en ellas el PSOE». 

El camino. Por el contrario, el líder socialista en la Comunidad, Luis Tudanca, consideró que la colaboración entre las administraciones es «el camino» para hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda y reclamó para ello «un poco de lealtad» y «presupuesto propio» de los gobiernos central y autonómico. «Aunque las competencias sean propias, no se ejercen. Y cuando se les hacen propuestas y recomendaciones, pasan los años y los años y nada», sentenció Tudanca que volvió a «clamar» por un cambio en la política de vivienda en Castilla y León para la puesta en marcha de «un verdadero parque público de viviendas sociales» que garantice este derecho.

1.516 viviendas en suelo de Defensa en la región

El Consejo de Ministros aprobó ayer destinar más suelos del Ministerio de Defensa en desuso a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. En concreto, dio luz verde al Ministerio de Transporte a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos, hasta 8,25 millones de metros de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios de 14 comunidades. En el caso de Castilla y León, son 1.516 viviendas en las capitales de provincia de León, Valladolid y Ávila, además de Medina del Campo (Valladolid) y Valverde de la Virgen (León). La localidad más beneficiada será Medina del Campo, donde está prevista la construcción de 750 viviendas sociales, en los terrenos del antiguo Cuartel Marqués de la Ensenada, seguida de las 320 en la capital, en el Acuartelamiento de La Rubia y los solares de la carretera de Rueda, 40 y el Callejón de Maestranza, 16. Les siguen los 310 pisos asequibles que se contemplan en el Acuartelamiento San Marcelo, en León capital, a los que se sumarán las 60 viviendas en el Parque de Material. De esta manera, el Gobierno ha encomendado a Mitma, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Defensa a tramitar los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo la operación de compraventa.