Aprobada en el Congreso la Ley de Amnistía y anotado el 30 de mayo como día de la mayor infamia política perpetrada en España desde que recuperamos la democracia, parece llegada la hora de los jueces. Es a ellos -desde los tribunales ordinarios de Cataluña, hasta el Tribunal Supremo o en su caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- a quienes corresponderá aplicar una norma que nace lastrada por su origen: un trueque político. Los siete votos de Junts que necesitaba Pedro Sánchez para alcanzar la investidura a cambio de la impunidad de Carles Puigdemont y cuantos con él participaron en el proceso sedicioso que culminó con la proclamación ilegal de la independencia de Cataluña. Intento de golpe, malversación asociada y violencia urbana que algún juez investigaba como actos de terrorismo.
Quienes van a beneficiarse del manto de impunidad que ofrece la nueva ley celebran su victoria "como la primera derrota del régimen del 78" (Gabriel Rufián, ERC) puesto que gracias al chantaje aceptado por Pedro Sánchez consiguen doblar el brazo al Estado de derecho. Es el mundo al revés: el Estado pide perdón a quienes se saltaron la ley y en su día fueron juzgados y condenados. Bastaría recordar el énfasis con el que Sánchez antes de perder las elecciones aseguraba que la amnistía no tenía cabida en nuestra Constitución para concluir el calado de la mendacidad de quien a cambio de permanecer en el poder, comparece abonado a todo tipo de tropelías políticas.
Ahora bien, todavía hay jueces en España y en el marco de sus respectivas jurisdicciones vamos a encontrar diversas iniciativas que pueden ralentizar los efectos prácticos de la impunidad que concede la ley a los cerca de cuatrocientos ciudadanos encausados por sus actuaciones durante el "procés". En cabeza, Carles Puigdemont, el cabecilla de la asonada política de octubre del 2017 cuyos planes de regreso triunfal a Cataluña se han visto mermados, primero por la limitada respuesta que obtuvo Junts en las elecciones autonómicas y ahora por los tiempos de la Justicia. Cuando la Ley de Amnistía esté publicada en el BOE y entre en vigor a quienes corresponderá aplicarla, es a los jueces. Y es ahí, en ese momento procesal, donde puede saltar la noticia con la que ni Sánchez contaba ni Puigdemont esperaba. Estamos, pues, ante la hora de los jueces.