La crisis de Muface dio ayer otro paso hacia lo que cada vez se asemeja más a un callejón sin salida. Si la semana pasada fue Adeslas la que renunció a participar en la segunda licitación por considerar que entrar en la cobertura médica de los funcionarios le haría perder más de 250 millones de euros, ayer fue la aseguradora DKV la que se sumó al carro, presentando su rechazo a la oferta del Gobierno pese a su propuesta de subir un 33,5 por ciento las primas. Esta decisión provocó que, actualmente, el 65 por ciento de los empleados públicos se encuentre sin seguro médico privado.
Los motivos de la compañía para no adherirse al concierto fueron claros: consideró que en el último concurso entre 2022 y 2024 se produjeron grandes pérdidas de dinero -70 millones adicionales- y las cuentas no le salieron rentables. En esencia, las mismas razones que alegó Adeslas.
Esto deja la aprobación del pliego de Muface (el plazo está abierto hasta el 15 de enero) en una situación complicada. Y es que Adeslas representa el 47 por ciento de los mutualistas, pero DKV no se queda atrás con un 18. Ahora, solo queda Asisa por definirse, que suma el 35 por ciento de la cobertura.
Si en la primera licitación del concierto la prima por funcionario se incrementó un 17,12 por ciento, en la segunda el Ejecutivo la subió hasta 33,5, una oferta que no contentó en un primer momento a Adeslas ni ayer a DKV.
Con este rechazo por parte de las dos aseguradoras, un 65 por ciento de los empleados públicos adscritos a Muface queda, por el momento, sin cobertura sanitaria, pendientes de lo que decida hacer Asisa. La intención es que este concierto comience el 1 de abril y se extienda hasta 2027, suponiendo un volumen de negocio de 4.478 millones de euros repartidos en tres años. En caso de que Asisa se oponga, más de 1,5 millones de funcionarios pasarían a la sanidad pública, lo que podría generar un mayor colapso.
FEDECA pide que se «actúe»
Ante este escenario tan incierto, la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) exigió al Ejecutivo que «actúe» ante la posibilidad de que una segunda licitación del concierto quede también desierta.
El organismo pidió «verdadera eficacia, diligencia y voluntad política» para alcanzar una rápida solución para los funcionarios y sus familiares, «quienes ya están siendo desatendidos en la actualidad».