La Guardia Civil investiga a tres personas por construir dos piscinas totalmente equipadas, así como levantar otras edificaciones prefabricadas y de obra en terrenos considerados suelo rústico situados en el valle Amblés, por lo que se les atribuyen delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. Como puede comprobarse en la fotografía que acompaña esta información, al menos una de las piscinas ya estaba lista para su uso: llena de agua y con césped artificial instalado alrededor para mayor comodidad de los bañistas.

La identificación de las tres personas, propietarias de las fincas en las que se ejecutaron tanto las piscinas como el resto de construcciones, se produjo en los últimos tres meses, culminándose así una investigación iniciada a principios del año 2022 cuando agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) iniciaron vigilancias discretas en esa zona de la provincia de Ávila en las que se comprobaron "irregularidades en materia de construcción en dos fincas ubicadas en la comarca del Valle Amblés", ha explicado la Guardia Civil este lunes. En concreto, se detectó "la construcción de dos piscinas totalmente equipadas, lo que pudiera ser una nave sin terminar, un cuarto de baño con obra finalizada, así como instalaciones prefabricadas ancladas al terreno para uso residencial", todo ello "en un tipo de espacio en el que no está permitido efectuar construcciones", informa el Instituto Armado.

Una vez analizados los hechos y constatado que "las construcciones se habían realizado en suelo rústico común y suelo con protección natural", los agentes realizaron una serie de investigaciones y gestiones policiales para tratar de esclarecer el delito, concluyendo que los propietarios de las citadas fincas carecían de las correspondientes licencias urbanísticas y otros permisos preceptivos que conceden los ayuntamientos.

Tras localizar e identificar a los tres propietarios de la dos parcelas fueron puestos a disposición judicial en calidad de investigados como presuntos autores de las construcciones ilegales y, por ello, responsables de los citados delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. A su vez, será la autoridad judicial quien determine qué futuro les depara a las construcciones ilegales mencionadas, que han quedado a disposición del juez.

Desde la Guardia Civil se recuerda que antes de iniciar cualquier obra en una parcela ubicada en terreno rústico hay que dirigirse al ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre el terreno en cuestión y solicitar la correspondiente autorización y licencia.