Los procuradores socialistas Soraya Blázquez y Miguel Hernández, mediante una Proposición no de Ley, aprobada por unanimidad, en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León han instado a la Junta de Castilla y León a que se dirija a los propietarios del castillo de Castronuevo, en Rivilla de Barajas, para que desarrollen íntegramente el plan de actuaciones puesto en marcha, que incluye la realización de visitas guiadas gratuitas y la redacción de un plan director que contemple la realización de estudios previos y las actuaciones de restauración con un plan de usos. Además, la PNL recalca que «en el caso de que los propietarios del castillo de Castronuevo no llevaran a cabo actuaciones la Junta de Castilla y León aplicará el artículo 24.3 de la ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León».
Según recuerdan los procuradores socialistas, «el castillo de Castronuevo es un castillo fortaleza rodeado por una pequeña muralla a modo de barbacana y de un foso. Los principales materiales que forman parte de su construcción son: ladrillos, sillería y mampostería». Ha tenido diversas reformas y remodelaciones a lo largo de su historia presentando elementos tanto góticos como mudéjares. Son destacables también sus bóvedas subterráneas y hoy en día pertenece a la Casa de Alba.
A su vez precisan que «el castillo fue declarado Bien de Interés Cultural(BIC) el 22 de abril de 1949, y, sin embargo, ha sido incluido este año en la Lista Roja del Patrimonio». Y recalcan que «actualmente el castillo presenta un avanzado estado de ruina, con varios frentes derrumbados y con torres perdidas, aun así, es espectacular cuando se le divisa desde la autovía de Ávila- Salamanca en mitad de una finca agrícola privada».
Finalmente, manifiestan que «la declaración de BIC implica que los propietarios tienen la obligación de mantener y conservar el edificio y por tanto según la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en lo referido a conservación y protección», por lo que los procuradores socialistas han instado a la Junta de Castilla de León a que «los propietarios realicen las actuaciones pertinentes y si no es así se aplique en sus términos la citada norma».