El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila ha desarrollado durante el año 2024 la Operación 'Avicat' con el fin de la comprobar la correcta gestión de los gases fluorados utilizados en los sistemas de refrigeración de los vehículos a motor entregados para su baja. Como consecuencia de esta operación investiga a siete personas, responsables de centros autorizados de tratamientos, por la emisión de hasta 4.998 toneladas de CO2 procedentes de gases refrigerantes.

Según se explica desde la Guardia Civil, la baja de estos vehículos a motor al final de su vida útil se gestiona en los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), en este caso de la provincia de Ávila. Inspeccionando los 10 CATs que existen en la actualidad en la provincia, se levantaron las correspondientes actas de inspección, detectando presuntas infracciones administrativas e infracción penal en cinco de ellos, relacionado con la gestión de los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso, por lo que se iniciaron gestiones para el esclarecimiento de los hechos.

De los análisis de la información estadística obtenida, y de las inspecciones efectuadas, se desprende que parte de los CATs de la provincia no efectúan una correcta gestión de los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso (VFVU), con riesgo que supone la emisión a la atmósfera, que deriva en un riesgo de perjuicio para el

equilibrio de los sistemas naturales y, a través de éste, a la propia salud de las personas que puede ser calificado como grave.

Según se precisa desde la Guardia Civil, queda constatado en las memorias medioambientales que algunos de ellos, en los cuatro años investigados existen desfases entre la cantidad de gas declarado y de la que deberían haber sido recuperada y en otros casos directamente no demuestran la recuperación ni gestión de ninguna cantidad de gas de los fluidos de los sistemas de aire acondicionado, cuando se estima que se tendrían que haber extraído un total de entre 1.075,51 y 3.531,40 kilogramos de gas, lo que corresponde a una emisión de 1.486,50 a 4.998,41 toneladas de CO2 equivalente, con una valoración económica de 67.083,37 a 225.762,52 €, entre los cinco CAT investigados, hechos por lo que se investigó penalmente a siete personas en el año 2024 como responsables de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (Artículos 325 del vigente Código Penal).

En las inspecciones efectuadas en los diversos CATs de la provincia, según se apunta desde la Guardia Civil, se observan también diversas infracciones relacionadas con el almacenamiento y gestión de gases fluorados, así como por carecer certificados acreditativos de competencia para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados, en algunos de los casos, por lo que se formulan un total de ocho denuncias, las cuales son tramitadas a la autoridad competente.

Desde la Guardia Civil se puntualiza que la inadecuada gestión de estos gases fluorados de efecto invernadero por su tipología y composición puede afectar gravemente a la capa de ozono y aumentar la cantidad de CO2 emitida a la atmosfera, favoreciendo el calentamiento global, por lo que este tipo de emisiones a la atmosfera son investigadas por el SEPRONA como presuntos delitos contra el Medio Ambiente.

La Operación 'Avicat' ha sido desarrollada por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Ávila, con apoyo de la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa del Servicio de Protección de la Naturaleza (Ucoma) y con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico en Ávila, así como del Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.

Esta operación está dentro de la Orden de Servicio Leocatcyl y de la Operación Keisah finalizada el pasado mes de noviembre, de gestión de gases y trazabilidad de los mismos.

Las diligencias se encuentran en los Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila y de Arenas de San Pedro y en la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

Recomendaciones

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda afectar al medioambiente o a la salud pública. En este caso, el almacenamiento ilegal de residuos peligrosos puede tener graves consecuencias no solo para el ecosistema, sino también para la salud de las personas. Y se recomienda que cualquier empresa o particular que maneje residuos peligrosos cumpla con la normativa vigente en cuanto a almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos.