Vecinos de la zona centro de Ávila han anunciado que van a iniciar acciones "legales y ciudadanas" contra la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Ávila, aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Ávila este viernes.
Esta iniciativa vecinal, encabezada por los abogados Pablo Casillas González y Juan Ángel Martínez González, que ha tenido el respaldo de más de 450 vecinos de la zona centro, parte de la presentación de alegaciones a la propuesta de ordenanza de ZBS, las cuales han sido desestimadas y no se han incluido en el texto que era aprobado definitivamente este viernes. Pese a ello, estiman que esas reivindicaciones recogidas en esas alegaciones no acaban aquí y han anunciado su intención de emprender acciones legales para que esa Zona de Bajas Emisiones que afecta al casco histórico de Ávila quede derogada.
Los impulsores de estas alegaciones, que fueron registradas en el Ayuntamiento de Ávila el pasado 16 de abril, precisan que "contienen elementos sociológicos pero también técnico-jurídicos", y defienden que con su presentación buscan que "Ávila, su Casco Histórico, pueda seguir siendo una ciudad viva y vividera".
En su escrito de alegaciones, Pablo Casillas y Juan Ángel Martínez comienzan mostrando, en primer lugar, "nuestro más profundo rechazo acerca de cómo se están gestionando los intereses generales de la Ciudad y, de forma particular, lo que se refiere al Casco Histórico de la Ciudad, siendo un ejemplo paradigmático de ello la Propuesta de Ordenanza sobre la creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones del Ayuntamiento de Ávila". Y afirman que "no se tiene modelo de Ciudad ni tampoco capacidad para acometer cualquier empresa".
Ya advertían cuando presentaron esas alegaciones que "pueden ser perfectamente la antesala de acciones legales de llevarse a término la aprobación definitiva de la Ordenanza", hecho que ocurrió este viernes.
El primero de los argumentos que emplean para oponerse a la ordenanza es que es "totalmente arbitraria y por lo tanto ilegal, al localizar la Zona de Bajas Emisiones en el Casco Histórico, de forma principal intramuros de la Muralla, sin que se haya llevado a cabo el ineludible análisis y estudio de todas las circunstancias que afectan a unas medidas de tanta relevancia como las que derivan de la Ordenanza y de su desarrollo". En ese sentido, apuntan que "la arbitrariedad, en suma, se apunta incuestionable desde el momento en que no existen estudios específicos de la calidad del aire y acústica en todas y cada una de las Zonas o Barrios de la Ciudad.
Y precisan que "se ha de prestar atención al estatus humano, económico e institucional que afecta a la Zona Histórica, porque si tal no se lleva a cabo -y es lo que sucedo con lo realizado por la Corporación Municipal-, se llega a causar un efecto muy negativo para la Zona delimitada, para sus vecinos y titulares de negocios".
En su escrito de alegaciones analizan la situación existente desde el punto de vista del ámbito poblacional y económico de la Zona de Bajas Emisiones, insistiendo en la pérdida de población residente y de "vida social activa". También de los vehículos de la titularidad de los vecinos empadronados en la ZBE, y se recalca que "no se indica el número de vehículos, y sus características, que pertenecen a los vecinos empadronados" en esa zona, lo que a su juicio "no tiene justificación legal alguna la inexistencia de estos datos concretos".
También se lleva a cabo un análisis de las plazas de aparcamiento en superficie de las calles que se incluyen en el interior de la propuesta de ZBE, con especial atención a las calles del Casco Histórico en la zona que viene marcada por el interior de la Muralla, "de forma que quede clara constancia del perjuicio que sufren los vecinos, titulares y usuarios de los negocios". En este sentido, recogen las plazas de aparcamiento existentes intra Muralla, fuera de la Muralla, así como de los aparcamientos de El Rastro y el Mercado Grande, sin olvidarse de hoteles y hostales, edificios institucionales y edificios de uso religioso y escolar, recalcando que "existen decenas y decenas de viviendas que no tienen aparcamiento propio" y poner de manifiesto las dificultades que existen para aparcar en toda esta zona.
De igual modo, en su análisis de la situación también abordan los edificios de la ZBE que están en estado de ruina, abandonados o con uso limitado. Y también ponen de manifiesto la inexistencia de un estudio de movilidad, amplio y en profundidad, referido al Casco Histórico así como al resto de zonas o barrios de la ciudad, y también se cuenta con un estudio acústico.
A continuación, los alegantes se centran en el incumplimiento del ordenamiento jurídico "porque no es suficiente la simple referencia que se contiene en el informe ambiental, en el proyecto y en la propuesta de Ordenanza, a propósito del sistema de control acústico que existe en la calle San Segundo, solamente en la calle, y que tan solo analiza el nivel de ruido que se produce por la circulación de vehículos.
Y exponen que "no se prioriza al peatón respecto de los vehículos", la inexistencia de carriles bici en el Casco Histórico, "que se imponga limitación en cuanto al número de vehículos de los vecinos residentes que puedan acceder a sus plazas de aparcamiento" o que "se siga permitiendo el acceso privilegiado a los colegios Diocesano y Santísmo Rosario".
En sus alegaciones también llevan a cabo un análisis jurídico de esa ordenanza defendiendo que "no existen argumentos técnicos y jurídicos que avalen que la Zona de Bajas Emisiones se tenga que establecer en el Casco Histórico" y tampoco existen, a su juicio, "argumentos técnicos y jurídicos que avalen que el proyecto de Bajas Emisiones en la Ciudad de Ávila y la propuesta de ordenanza para la creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones no siga los estudios y proyectos llevados a cabo a instancia de la Corporación Local respecto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Y precisan que "la Corporación Local ha corrido 'un tupido velo', de forma totalmente ilegal, sobre el PMUS, base fundamental para la determinación y creación de la Zona de Bajas Emisiones, lo que viene a ser una prueba inequívoca y concluyente respecto de la arbitrariedad".