El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) que «extreme» los controles sobre los avales vencidos cuyos avalados se encuentran en concurso de acreedores. En su fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad ejercicio 2021, la institución propia traslada a la Junta y al organismo dependiente de la Consejería de Economía que incluya en la memoria de sus cuentas anuales «la información necesaria de la situación de estos avales y las medidas adoptadas al respecto». El órgano fiscalizador aporta en su trabajo, remitido a las Cortes,  69 conclusiones, que dan lugar a ocho recomendaciones, seis menos que en la Cuenta de 2020. Entre ellas, también destaca que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos «debe tener en cuenta el importe de los gastos pendientes de imputar de ejercicios anteriores», así como que la Intervención General de la Comunidad debería disponer de una instrucción o procedimiento para precisar el registro de las distintas operaciones relacionadas con  facturas pendientes.

El Consejo expone que la Administración autonómica debería determinar reglamentariamente la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a dos o más entidades. El informe recogido por Ical, traslada también que la Gerencia Regional de Salud debería completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de gastos de personal, además de regular el procedimiento para la confección de la nómina. La fiscalización del Consejo de Cuentas se refiere a un presupuesto definitivo de gastos, cifrado en 12.918 millones de euros, que aumentó un dos por ciento respecto del ejercicio anterior, después del incremento del 13% experimentado en 2020 con la aportación del Estado de recursos adicionales por la pandemia. 

El endeudamiento del sector público de la Comunidad llegó en 2021 a 13.215 millones, con un crecimiento interanual del dos por ciento. El organismo asegura que la Cuenta General de la Comunidad se presenta, con carácter general, «de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación» y refleja «de forma fiable» la actividad económico-financiera de la misma, excepto por los incumplimientos recogidos en seis conclusiones. En concreto, afirma que existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2021 por importe de 32 millones de euros, disminuyendo el 48 por ciento respecto a 2020 lo que «afirma la tendencia descendente», según informa Ical.

Por último señala que la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, «incumpliéndose el marco financiero aplicable». Además remarca que los entes públicos «no utilizan las cuentas de ingresos y gastos imputados a patrimonio neto y tampoco se reflejan los movimientos y cambios de patrimonio neto».