Acuerdo en la Audiencia Provincial de Ávila para evitar el desarrollo de un juicio por tráfico por drogas en el que se pedían cuatro años y medio de prisión y una multa de casi 40.000 euros para el acusado. Un hombre, de iniciales B.S.P., ha aceptado este miércoles dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 8.007,98 euros con una responsabilidad penal subsidiaria de un mes de privación de libertad en el caso de impago, además del pago de las costas, tras declararse como autor responsable de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.  

A la vista de la conformidad entre el Ministerio Fiscal y la defensa, el presidente de la Audiencia Provincial dictó sentencia 'in voce' con la condena a dos años de prisión, la cual ya es firme, dada la intención manifiesta de no recurrir. Quedará pendiente, eso sí, la petición de la suspensión de la ejecución de la pena que efectuó la defensa, que alegó adicción a las drogas del condenado y aportó documentación al efecto. El fiscal no se opuso a la solicitud, condicionada a no delinquir en el plazo de tres años y a mantener el tratamiento de deshabituación de sustancias estupefacientes al que se está sometiendo.

Los hechos se remontan a finales de enero del año pasado cuando el acusado, que no tiene relación con Ávila, fue sorprendido por miembros de la Guardia Civil a la altura del punto kilométrico 101 de la carretera A-6 en posesión de un paquete que contenía 196 gramos netos de cocaína con una riqueza del 83% y que, según el relato del fiscal, transportaba desde Madrid a Oviedo para su posterior distribución entre terceras personas. Aunque al principio se valoró su precio en el mercado ilícito en 19.762 euros, en la sesión de este miércoles se incluyó una modificación del precio al por mayor a los 8.007, 98 euros. Por estos hechos el fiscal pidió cuatro años y seis meses de prisión, una pena que se quería sustituir por la expulsión del territorio nacional durante seis años. 

La defensa del acusado, que en su momento, mostró su disconformidad con esta acusación y pidió la libre absolución, acabó aceptando los dos años de prisión con vistas a que pueda evitar la cárcel. En el acuerdo finalmente se suprimió la petición de expulsión del país, dado el "arraigo" del condenado, de nacionalidad de la República Dominicana y que lleva veinte años en España.