La dimisión de Juan Lobato al frente de los socialistas madrileños se ha convertido en la nueva derivada de lo que comenzó siendo una investigación por fraude a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que ha acabado con un fiscal general imputado en el Tribunal Supremo.

Las pesquisas a este empresario por fraude y falsedad documental permanecen inertes en el juzgado, pendiente de un recurso y sin que sus protagonistas hayan prestado aún declaración, mientras el foco en los últimos días se ha instalado en la causa que dirige el órgano judicial, que le ha acabado costando el puesto a Lobato.

El ya exsecretario general del PSOE de Madrid compareció el 29 de noviembre como testigo, dos días después de dejar su cargo tras la controversia generada por haber registrado ante notario una conversación con un cargo de Moncloa -Pilar Sánchez Acera- sobre la confesión del novio de la líder regional y su intento de pactar con Fiscalía.

Esa revelación fue el inicio de un proceso que ha derivado en dos causas diferentes.

Primera causa

Comparecencias aplazadas

Un fiscal de Madrid comenzó en enero a investigar, tras una denuncia de la Agencia Tributaria, si González Amador defraudó 350.961 euros entre 2020 y 2021 y se sirvió de una trama de facturas falsas.

Diez días después, su abogado ofreció, vía correo electrónico, un pacto por el que el empresario aceptaba íntegramente la comisión de dos delitos fiscales y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar una multa.

Una jueza abrió diligencias en marzo y ha citado a declarar hasta tres veces a los imputados -González Amador y cuatro empresarios-, pero, por un motivo u otro, siempre ha acabado suspendiendo las comparecencias.

La última estaba prevista el pasado 29 de noviembre, pero se aplazó al estar pendiente un recurso de la pareja de Díaz Ayuso contra la ampliación de su investigación: ya no solo es por presunto fraude, sino que la jueza también trata de determinar si usó una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención para ocultar sus ingresos.

Segunda causa

Inculpación y registro

Paralelamente a su caso, González Amador pidió investigar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid si dos fiscales habrían incurrido en un delito de revelación de secretos al difundirse una nota de prensa con aclaraciones sobre su causa ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, en la que se explicaba cómo se había producido su oferta de pacto.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió la responsabilidad última de aquel comunicado, que, subrayó, perseguía «poner fin a un bulo».

Al estar aforado, García Ortiz, entró en juego el Tribunal Supremo, que abrió por primera vez una causa penal a un fiscal general por presunta revelación de secretos, en la que también está investigada la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.

El juez Ángel Hurtado pidió a García Ortiz que designase un abogado, decretó el secreto de sumario y ordenó un registro inédito en su despacho, que duró más de 10 horas, con el volcado de sus dispositivos, que analiza la Guardia Civil.

El Supremo no ve delito en aquel comunicado, sino en la presunta filtración a la prensa de unos correos de la defensa de González Amador con el fiscal, donde la UCO infiere que el fiscal general tuvo una «participación preeminente».

El propio togado justificó la inspección en «la persecución de un delito de tal gravedad como es el de revelación de secretos».

Otras acusaciones forman también parte del procedimiento, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Colegio de la Abogacía de Madrid o el autodenominado sindicato Manos Limpias.

Daño colateral

Renuncia y testigos

La primera persona que ha declarado en la causa del fiscal general no es ninguno de los investigados, sino el exsecretario general del PSOE madrileño Juan Lobato.

El juez le citó como testigo tras una publicación de un diario de tirada nacional hace dos semanas, que indicaba que la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López le envió uno de los correos de la defensa de González Amador para que lo usara en la Asamblea de Madrid y que este se negó.

Lobato, una de las voces críticas del PSOE en los últimos meses, explicó que registró ante notario aquella conversación, algo que el propio político entregó al magistrado, además de también su teléfono móvil.

A ello se suma la citación, también como testigo, del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, (prevista para el próximo 8 de enero), además de otros ocho periodistas, a petición de García Ortiz y Pilar Rodríguez, en un caso que suma cada vez más aristas.