El 'culebrón' de los peajes que afectan a Ávila, los de la AP-6 y la AP-51, continúa y, lejos de aplacarse con las explicaciones políticas, parece que sigue engordando. Si el martes el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, insistió en que la actual concesión finaliza en el año 2029 pero añadiendo que «lo que pasará a partir de ahí no lo sé en este momento», dejando como mínimo abierta la incógnita, la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael traslada que la Comisión Europea les ha informado recientemente de que la concesión de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 deberá licitarse otros siete años más a partir del año 2029, con lo que el final definitivo de esa explotación no llegaría hasta el año 2036, y no en el 2029 como sostiene el Ministerio de Transportes.

Si eso es así los peajesde Ávila y Segovia y el que cruza Guadarrama van para largo, para doce años más. Así lo ha reflejado la Comisión Europea en su respuesta a la denuncia sobre las irregularidades en la concesión de las autopistas efectuada por la citada plataforma segoviana. En el punto en el que recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que concluyó que España había incumplido las obligaciones de publicidad de la directiva europea en el proceso de contratación de las obras adicionales acometidas en la infraestructura, se señala que la Comisión aceptó entonces que las autoridades españoles adoptaran varias medidas para dar cumplimiento a esa sentencia, entre ellas acortar el periodo de concesión en siete años (que se materializó) y, dice textualmente, «volver a licitar la concesión que cubre la duración de la concesión correspondiente a esos años de obras adicionales adjudicadas, ya que se estima que, de no haberse adjudicado las obras objeto de controversia, la concesión habría durado siete años menos».

Esta cuestión en realidad no es nueva. Ya se había quedado en el 'limbo' en el año 2020, cuando el Gobierno fijó el fin del peaje para el 2029, porque era uno de los puntos que aparecía en el Real Decreto 525/20212, de 9 de marzo, por el que se modificaron determinados términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de las autopistas de peaje, precisamente tras la publicación de la sentencia europea y la aceptación de las medidas propuestas por España para dar cumplimiento a la misma. Así, se modificó la concesión reduciendo su periodo concesional en siete años (entonces estaba fijado en una horquilla situada en entre el 2031 y el 2036 y se optó finalmente por el 2029), se instó a valorar los daños y perjuicios de esa reducción para el concesionario y a establecer el «mecanismo que sea más adecuado para su compensación» y, dice en su artículo 3, se llamó «a licitar la concesión de la explotación de las tres autopistas  por un periodo de siete años a contar desde la finalización del plazo concesional resultante de aplicar la reducción», esto es, desde el 2029.

La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael se ha hecho eco de esta respuesta y también aporta el documento de las negociaciones entre España y la Comisión Europea en la que «figura claramente cómo España se comprometió a licitar siete años más la concesión», algo que la plataforma no entiende porque se incluyó a mayores de la indemnización, con lo que la compensación podría ser «doble».

El colectivo, que pedía la liberalización de la AP-6 en la denuncia que ha sido desestimada, acusa al Ministerio de Transporte de «ocultar información», al hablar del fin del peaje «previsiblemente» en 2029 sin contar esta otra parte de la historia. Además, recuerda que el Gobierno del PSOE «podía haberse decidido por la fecha más inmediata de la horquilla propuesta» para el fin de los peajes, esto es, el año 2024 y no el 2029, sin saberse además el criterio. Asimismo, han requerido la intervención del Defensor del Pueblo  porque «se está jugando con las fechas» de cara a la opinión pública. De igual modo, desde este colectivo, y a raíz de las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, insisten en que «continúa mintiendo y ocultando información a la ciudadanía de forma totalmente consciente, siendo autor de una intolerable desinformación a este respecto con el objetivo de dar una patada hacia adelante a este problema para que se lo coma el siguiente Gobierno».