El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, afeó a la Junta que carezca de un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. «La Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio», significó Amilivia, que señaló que el Inventario General «únicamente» recoge los bienes inmuebles y derechos sobre estos de la Administración General, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo. Por su parte, el Instituto Tecnológico Agrario es la única entidad que incluye bienes muebles en su inventario. Una situación que puso de manifiesto durante su primera comparecencia del año en el Parlamento autonómico para la presentación del informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente a 2021. El trabajo recoge ocho recomendaciones, entre ellas, que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos tenga en cuenta el importe de los gastos pendientes de otros años.

Durante su intervención, Amilivia instó a las Cortes a adoptar las modificaciones normativas pertinentes dirigidas a adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General al 31 de julio del ejercicio siguiente al que se refiere, en lugar del 30 de noviembre actual, para que los grupos políticos cuenten con información previa a la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad para el año siguiente, y que según el Estatuto de Autonomía debe presentarse a mitad del mes de octubre. «Ayudará a una mejor toma de decisiones de la Administración y un control más eficaz al conocerse este informe», defendió Amilivia, quien expuso que «sería muy positivo», dado que actualmente Castilla y León es de las autonomías «que rinde las cuentas más tarde», informa Ical.

De ahí que insistió, ante la Comisión de Economía, el «sentido de oportunidad» de presentar este informe y de generalizarlo inmediatamente antes de la presentación de los presupuestos. Además pidió que cuando se presente el informe de la rendición de 2022, se podría incluir un informe específico de deuda y otro de la cuenta general.

Sin incidencias

El presidente del Consejo de Cuentas aseguró que no se han detectado «incidencias significativas» entre las cuentas anuales individuales de las distintas entidades y las comunicadas a la Intervención General para formar la Cuenta General consolidada. Tampoco surgieron, apuntó, incidencias significativas en la revisión del proceso de consolidación. Concluyó Amilivia la presentación del informe con las recomendaciones apuntadas en el mismo. Los resultados del trabajo, reflejados en 69 conclusiones, dieron lugar a ocho recomendaciones, seis menos que en la Cuenta de 2020. Entre ellas, que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos debe tener en cuenta el importe de los gastos pendientes de imputar de ejercicios anteriores.

Con relación a los informes de auditoría de las cuentas anuales, la opinión en los informes de auditoría de los cinco entes públicos de derecho privado y de la Sociedad Pública de Infraestructura y de Medio Ambiente de Castilla y León es «favorable». En sentido contrario, las cuentas del Consorcio del Palacio de Congresos en Salamanca obtuvieron opinión «desfavorable». Además no se presentó en plazo el informe de auditoría de dos fundaciones (Supercomputación y Patrimonio Natural).