Castilla y León exige al Gobierno central que entregue los fondos europeos pendientes de pago y que se «comprometa» con los jóvenes, dotando de dinero el bono joven de ayudas al alquiler que «se organizó y convocó sin la coordinación de las comunidades autónomas». Una valoración que realizó el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, minutos antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda que supuso, además, el estreno de Isabel Rodríguez como ministra del ramo. A juicio del consejero, el Gobierno solo es «el intermediario en la entrega de esos fondos», por lo que se va a exigir que traslade ese dinero de la Unión Europea a las autonomías. «Vamos a reclamar la entrega inmediata de esos 37 millones de euros, porque además Castilla y León ha cumplido con los objetivos establecidos».

Reunión tras la que el consejero denunció haber tenido que enterarse «por la prensa» de la nueva convocatoria del bono alquiler joven, que depende del Ejecutivo central. Allí recordó que «este bono fue una bandera que enarboló el presidente Sánchez para acercarse a los jóvenes, pero después fue eso solamente, un anuncio». «Al final fue gestionado por las comunidades autónomas y sin presupuesto suficiente», apuntó el dirigente autonómico, que insistió en que, de nuevo, el Gobierno va a abrir una nueva convocatoria «sin coordinar con las regiones».

«Desde luego, lo que no vamos a admitir es que tengamos que gestionar nuevamente su bono joven y, encima, sin presupuesto suficiente. Luego, además, las consecuencias políticas son para las comunidades que parece que somos las que convocamos esa ayuda, que es una ayuda del Gobierno de España y con dinero insuficiente del Gobierno de España». La primera Conferencia Sectorial de Vivienda de la legislatura sirvió a la Junta  para exigir «diálogo y consenso» al Ejecutivo central, aunque dudó «mucho de que las cosas vayan a cambiar en esta nueva etapa».

No fue la única discrepancia del representante de la Junta con el Ministerio en temas de jóvenes y vivienda, ya que en la reunión «se ha hablado de un convenio para avalar, no se sabe exactamente a quién, cuando Castilla y León tiene implantado un aval para los jóvenes para que puedan conseguir un apoyo para una mayor amplitud del préstamo hipotecario para adquirir una vivienda». «Lo lógico es sentar a las comunidades autónomas, ver qué medidas tienen, ver cómo coordinar con el Estado… Y no ha sido así. Nos damos cuenta de que el Gobierno toma medidas que nosotros ya hemos implantado en Castilla y León, y lo hace sin preguntar», enfatizó Suárez-Quiñones, que confió en que, al menos, «la ministra haga caso a las apelaciones» realizadas con las políticas unilaterales».

En su intervención en la reunión, hizo una mención especial a la Ley estatal de Vivienda, y concretamente a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según defendió, «retrasa y dificulta que el propietario de una vivienda que sufra una okupación pueda recuperar su vivienda».