La Junta de Castilla y León es "una administración moderna, que lleva más de 20 años aplicando políticas de calidad de los servicios públicos en su funcionamiento y en su trato al ciudadano". Son palabras del consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que pone en valor el "compromiso con la calidad" plasmado a través de las 67 cartas de servicios aprobadas para diferentes unidades, órganos y centros, cuatro de ellas durante el presente año, a las que se suman quince actualizaciones de otras ya existentes.

Una de esas cartas de servicios aprobadas este año, concretamente el pasado 26 de julio, es la de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, donde trabajan 22 empleados públicos y que este miércoles fue visitada por el consejero, acompañado por el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, y la directora general de Atención a los Ciudadanos y Calidad de los Servicios, Sonsoles Sánchez-Reyes.

González Gago señaló que "hay cambios sociales, económicos y culturales de los ciudadanos que nos obligan como administración a estar atentos para dar una respuesta y lo hacemos mejorando la información administrativa ofrecida a través de las oficinas públicas, el teléfono de información 012 y telemáticamente en la web institucional, donde cualquier ciudadano puede encontrar la información que desee, y esto lo hacemos efectuando periódicamente encuestas de calidad y satisfacción para conocer en qué podemos mejorar, mediante análisis de las propias sugerencias que se presentan en la Junta y también contando con los propios empleados públicos, que son los que mejor conocen la casa por dentro".

Sobre esto último, el consejero apuntó que existen dos estructuras permanentes de participación de los empleados públicos para hacer propuestas y, como novedad que comenzará este año, están "los procesos de autoevaluación interna, en los que los propios empleados públicos, a través de unos cuestionarios, nos van a proporcionar información de cómo creen que puede mejorar la Junta de Castilla y León".

"Al final, cada órgano administrativo quiere asumir públicamente una serie de compromisos de cara a atender mejor al ciudadano y la carta de servicios es ese documento público con el que se asume ese compromiso de calidad y de respuesta de cara al ciudadano para que pueda ejercer mejor sus derechos", indicó el titular de Presidencia, quien explicó que su elaboración "es un proceso complejo que parte de la identificación de todos los servicios y procedimientos que gestiona ese órgano, y del análisis de las demandas o exigencias de los ciudadanos y grupos de interés". "Hay que ver en realidad si esos parámetros demandados por el ciudadano se están cumpliendo o no y en función de ese análisis, concluir con unos compromisos de mejora, como la reducción de los plazos para resolver determinadas solicitudes, para emitir determinados informes que son preceptivos o para la resolución de ayudas, e incluso de formación para los empleados públicos", añadió.

Para González Gago, que recordó que la Junta cuenta con más de 600 centros y servicios, "no solo se trata de acortar plazos, sino también de permitir que el ciudadano participe en la gestión pública, presentando iniciativas, recursos, quejas o sugerencias".