La legislatura no termina de arrancar y lo peor es que no se sabe cuándo empezará a tener una velocidad de crucero que permita afrontar los problemas de los ciudadanos. El endiablado resultado de las últimas elecciones generales, con el PP al frente de la tabla animó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a intentar una investidura imposible por ir de la mano de Vox, como había ocurrido tras las autonómicas y locales y no encontró otros compañeros de viaje. Pedro Sánchez le dejó a la espera de su oportunidad y volvió a armar una coalición Frankenstein. Pero inmediatamente después comenzó el intenso periodo electoral de elecciones vascas -de continuidad en Euskadi-, las europeas -con el PSOE salvando los muebles-, y las catalanas ganadas por el líder del PSC, Salvador Illa, y entre medias el debate y aprobación por el Congreso de la ley de amnistía y el rechazo del Tribunal Supremo para aplicarla. 

Cuando parecía que todos esos hitos se habían cumplido y se comenzaba a hablar de los trámites para aprobar unos Presupuestos Generales para 2025, entró en acción de nuevo el factor Puigdemont, que quería volver a ser presidente autonómico, a lo que Pedro Sánchez no accedió, y lo que se preveía que iba a ser un factor de estabilidad y que la legislatura podría comenzar a andar, ha vuelto a quedar en pausa, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que recomponer su política de alianza, no solo con los socios externos, sino con los propios partidos que integran el gobierno de coalición.

Los no menos endiablados resultados de las elecciones catalanas, y la reaparición de conceptos en la política nacional que son como el Guadiana, como el Estado plurinacional, la nación de naciones, o el concierto económico y el cupo catalán ampliados por la necesidad del apoyo de ERC a Salvador Illa han supuesto un nuevo motivo para tensionar la vida política nacional y para enviar a los partidos independentistas al rincón de pensar y repensarse. Junts se ha adelantado a ERC, que lo había anunciado antes, y celebrará congreso en octubre y los republicanos lo harán en noviembre. Hasta que esos procesos internos no se sustancien el Ejecutivo no sabrá la valoración que han hecho de su apoyo a Pedro Sánchez y si les conviene mantenerlo, con lo que la legislatura seguirá en pausa, mientras la ministra de Hacienda trabaja en los PGE  del próximo año sin que pueda garantizar que serán aprobados. Todo apunta a un encarecimiento de los apoyos independentistas más que a la ruptura abrupta que podría implicar el fin de la legislatura y nuevas elecciones con muchas posibilidades de que se produjera la alternancia, algo que, definitivamente, no les interesa en este momento a los 'indepes'.

Y como la vida es lo que pasa mientras se hacen planes, está en el alero el nombramiento del presidente de Consejo General del Poder Judicial, y todos los temas judiciales pendientes, la aplicación de la ley de amnistía, los recursos relacionados con el caso Begoña Gómez y otros asuntos judiciales familiares, las comparecencias en las comisiones de investigación, los problemas internos en todos los partidos,  y como colofón las relaciones de Venezuela y España, como si fuera otra comunidad autónoma.