Los datos sirven para constatar cosas, y el incremento de ataques de lobo y el número de cabezas muertas en Castilla yLeón durante 2023 confirma que la incorporación del lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) ha sido una decisión unilateral que no ha tenido en cuenta las consecuencias, que se empiezan a ver dos años después de esta normativa del Ministerio de Transición Ecológica. 

En un tiempo en el que la despoblación del entorno rural debería ser un problema que afrontar con rigor, decisiones de este tipo suponen una cortapisa y no favorece el desarrollo de la vida en el medio rural a quienes quieren apostar por ello, entre otras cosas porque hace más complejo subsistir en este entorno, tanto personal como económicamente.

El incremento de ataques a cabezas de ganado supone un 33 por ciento más que en 2021, cuando se incorporó al lobo en la lista de protección especial.  Y el número de cabezas muertas, supera las 5.500 en todo Castilla y León, siendo la provincia de Ávila la más perjudicada en cabezas de vacuno muertas (1.406), la mitad de todo Castilla y León (2.889) y duplicando a la segunda provincia con mayor incidencia del problema, Segovia (707 reses muertas). En otras zonas, se lleva la peor parte la ganadería ovina, equina o caprina, dependiendo del tipo de ganadería.

No solo es un problema del campo, del medio rural, de los ganaderos... Puesto que para la Junta de Castilla y León ha supuesto un coste de 3,45 millones de euros para las arcas de la comunidad, por lo tanto, tiene su extensión en todos los contribuyentes.

La situación es límite para el campo castellano y leonés, y en concreto para las explotaciones ganaderas abulenses. Por eso, desde el propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico –casualmente los dos asuntos englobados bajo el mismo epígrafe–, debería tomar nota de la situación y apuntar alguna solución ante las complicaciones sobrevenidas.

No hay que olvidar que Europa también se ha pronunciado. El propio Parlamento Europeo, de alguna manera, ha respaldado la tesis que ha mantenido la Junta de Castilla y León cuando resolvió que la protección del lobo en Europa tiene que cambiar a un régimen de simple protección, por lo que el cuidado especial que aplica España no viene condicionada por Europa.

Flexibilizar la gestión del lobo puede empezar a aliviar la preocupación que existe entre los agricultores y ganaderos, y puede empezar a hacer más rentable la gestión de las explotaciones sin, al menos, sin trabas administrativas que perjudican aún la ya maltrecha situación del campo.