El pasado miércoles, y a propuesta del PP, las Cortes de Castilla y León aprobaban una proposición de ley que «garantiza» la prestación obligatoria y en condiciones de calidad de sanidad, educación y servicios sociales en Castilla y León. Una iniciativa que eleva a rango de ley los «logros» conseguidos en los últimos años en relación a estos servicios esenciales, tal y como aseguró el procurador Miguel Ángel García Nieto. «Esta iniciativa blinda como una norma, con fuerza de ley, los logros y conquistas que se han obtenido en la prestación de estos servicios públicos esenciales en todo el territorio de Castilla y León a favor de todos los ciudadanos durante mucho tiempo, y especialmente en el mundo rural», apuntó el popular en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los también procuradores del PP abulense David Beltrán y Mª Ángeles Prieto.   

La iniciativa, explicó García Nieto, garantiza a los ciudadanos el acceso «en condiciones de igualdad» a estos tres servicios esenciales que en el caso de Castilla y León tienen índices de calidad muy altos, como aseguró el popular al recordar que la sanidad de esta región es «la cuarta mejor del país», nuestro sistema educativo «el mejor de España y uno de los diez mejores del mundo» o que la atención a la dependencia que se presta en Castilla y León lleva «diez años encabezando el ranking». 

«A partir de ahora cualquier cambio que se quiera hacer, que se quiera introducir en el grado de prestación de estos servicios, ha de someterse al Parlamento», explicó el popular abulense al hablar de la importancia de esta ley.  

Eso sí, a pesar de los «excelentes» servicios que Castilla yLeón presta a los ciudadanos, García Nieto aseguró que la Junta de Castilla y León «se esfuerza cada día por seguir innovando, corrigiendo fallos y mejorando su posición de reconocimiento al buen servicio». 

En este sentido, y por la importancia que para los populares tiene el que estos servicios esenciales se hayan blindado con una ley, el procurador abulense criticó el voto en contra tanto de los socialistas como del procurador de Por Ávila a quien reprochó que tampoco presentara enmiendas, lo que atribuyó a la «vaguería o desentendimiento» de Pedro Pascual. 

No fue ésta la única crítica que García Nieto lanzó a los de la formación amarilla, asegurando que de contar el Ayuntamiento de Ávila con una ordenanza similar a la ley que acabna de aprobar las Cortes Regionales los de Por Ávila no podrían haber hecho los «recortes que se hicieron el año pasado» y en los que «el alcalde dejó peladas a las asociaciones, a las que rebajó un 66 por ciento» de subvenciones.

Aprovechó igualmente García Nieto, en este caso dirigiéndose a los socialistas, para reclamar al gobierno de Sánchez «un sistema de financiación autonómica y local más justo y adaptado a las peculiaridades de cada territorio», criticando que esto sería posible si el presidente del Gobierno «cumpliera la Constitución y no se arrodillara ante los independentistas catalanes».