Los proyectos empresariales que planean instalarse en Arévalo, una de las localidades de la provincia que suscita un mayor interés industrial (al menos sobre el papel) por factores como su ubicación y sus comunicaciones, van sumando trámites. Algunos no trascienden, como seguro sucede con muchas conversaciones y acciones internas, pero otros sí, como es el caso de un proyecto para instalar una superficie comercial en la avenida Emilio Romero de la localidad. Según se publicó en el Bocyl, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León dio el visto bueno ambiental a la modificación del PlanGeneral de Ordenación Urbana (PGOU) de Arévalo, un movimiento que tiene por objeto «dotar a parte de la parcela situada en la avenida Emilio Romero (número 36), y actualmente con uso de equipamiento educacional, del uso terciario, para la implantación de una superficie comercial». Este proyecto va unido, según se refleja en el propio anuncio, a la ejecución de una rotonda en la zona, en la confluencia de la calle Cañada Real Burgalesa y la avenida Emilio Romero.

Sin que se hayan querido dar más explicaciones sobre este proyecto, lo cierto es que de la orden del Bocyl se desprende que la Junta formuló el informe ambiental estratégico de la modificación puntual número 21 del PGOUde Arévalo, uno de los pasos previos y trámite necesario para la instalación de la superficie comercial en la parcela elegida. El Ayuntamiento de la localidad había presentado la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la citada modificación, promovido por Imoradan SL, en relación a un planteamiento vigente desde 1995.

Según lo que dictamina la Ley de evaluación ambiental para los informes ambientales estratégicos, la Junta llevó a cabo consultas con varios organismos que podían tener algo que decir, como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General del Patrimonio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, la Diputación Provincial de Ávila y Ecologistas en Acción. Una vez recibidos los informes, la Consejería de Medio Ambiente resolvió formular el informe ambiental estratégico de la modificación del PGOU de acuerdo con la evaluación simplificada en un sentido favorable, esto es, «determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo indicado en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente» (en general no alterar las dos vías pecuarias afectadas por el proyecto). En este sentido también se puntualiza que «no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Ley de evaluación ambiental».