Al menos una treintena de regantes de aguas subterráneas de la provincia han recibido «sanciones desorbitadas» de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por el uso de los conocidos como pozos de minas sin tenerlos inscritos en el catálogo de aguas privadas del organismo de cuenca, algo que «desde hace años ya no se puede hacer», según denuncian los afectados. Es la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) quien ha denunciado el problema ante la opinión pública al afear a la CHD las «multas y sanciones desorbitadas» –de más de 60.000 euros– que se están enviando a los regantes cuando no se está arbitrando, aseguran, un mecanismo para poder hacerlo, con lo que se les obliga a «meterse en procesos judiciales largos y costosos».
Y es que desde Asaja, que lleva «años» reclamando a la Confederación el uso del «sentido común» y el respeto a las decisiones del Tribunal Supremo, apunta que este tribunal dictó en 2022 una sentencia que acredita que aquellos titulares de un derecho sobre aguas subterráneas (los conocidos como pozos de minas) obtenido antes de 1986 tienen derecho (y la obligación) de inscribir su sondeo en el catálogo de aguas privadas del organismo de cuenca, pero desde principios de este siglo «ya no puede hacerse».
Esta es la situación en la que se encuentra Gregorio Garzón, un agricultor de Madrigal de las Altas Torres que ha recibido una sanción de la CHD, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por regar con el pozo heredado de sus padres y abuelos (es arrendatario de la finca) y que se encuentra inscrito en el registro de minas desde los años 70, pero no consta en el catálogo de aguas subterráneas de la Confederación. Este agricultor explica que acaban de sancionarle después de llevar unos años regando remolacha con la perforación que siempre utilizó su familia, pero el problema es que no tiene manera de regularizar esta situación de la que tuvo conocimiento en septiembre, cuando personal de la CHD se pasó por su finca para comunicarle la denuncia que finalmente le llegó hace unos días. «Estamos en un limbo y la sanción es desproporcionada», comenta Gregorio Garzón, quien no ve una pronta solución si no hay voluntad de abordar la problemática. «Ahora estoy en plazo de alegaciones, pero la solución parece que es pagar y luego meterte en un proceso judicial que seguro va a ser largo», lo que supondrá perder campañas (la actual ya la tiene perdida) e incumplir requisitos para la PAC», con lo que «el problema es mayúsculo». «Soy el ejemplo vivo de la España vaciada, dejé mi trabajo en la banca para dedicarme a esto y vivir aquí con mi familia y con cosas como esta no te dejan trabajar», se lamenta.
En este escenario, y ante casos como este, Asaja Ávila denuncia el «afán sancionador» de la Confederación Hidrográfica del Duero y solicita al organismo y al Ministerio de Transición Ecológica, del que depende, que retire, archive y paralice todos los expedientes sancionadores que se han puesto en marcha a estos regantes y se busque una solución definitiva para los agricultores propietarios de los denominados 'pozos de minas', así como para todos aquellos que riegan por rotación de sus cultivos la superficie estrictamente autorizada y/o se encuentran en parcelas incluidas en CUAS en formación.
El presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, traslada que los afectados en Ávila rondan la treintena (también hay en Valladolid y Segovia) y afea que no se arbitre una manera «para dar solución» a esta situación, la cual vincula «al montón de dinero que ha llegado a la CHD de la mano del proyecto Life IP Duero», con el que anima a «no participar».