El Consejo de Cuentas lanzó ayer una advertencia sobre la «falta de coordinación» entre los diferentes estamentos de la Junta de Castilla y León para la gestión de los fondos Next Generation en la Comunidad durante los primeros meses de su ejecución. Una situación ante la que animó al Ejecutivo regional a poner en marcha una base de datos centralizada para una mayor transparencia, así como «mayor formación» para el personal asignado a la gestión de estas subvenciones. Estas fueron las grandes conclusiones y recomendaciones que se extraen de la intervención del presidente de esta entidad propia, Mario Amilivia, durante su comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes sobre el cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude, tanto por parte de la Junta como de 27 ayuntamientos de Castilla y León, ligado al Fondo de Recuperación.

No obstante, Cuentas rebaja a «alerta temprana» su auditoria, que abarca el periodo entre enero de 2021 y mayo de 2022, motivo por el que Amilivia señaló que, dado que la Comunidad «aún no disponía de margen de reacción para la corrección de aquellas cuestiones que contribuyeran a una mejora de la gestión», este estudio se plantea como «sistema de alerta temprana para detectar las oportunidades de mejora al inicio de la implementación del plan».

Sin embargo, Amilivia reconoció que la Junta no contaba con «un instrumento único y formal de planificación estratégica» para gestionar los subproyectos asignados por una cuantía de 1.655 millones de euros para la Comunidad, y que tampoco «había uniformidad en la elaboración de la planificación estratégica de las subvenciones» ni en la elaboración de los planes anuales de contratación.

El presidente del Consejo de Cuentas aseguró que «durante la fiscalización, se percibió un impulso en el proceso de implementación de algunas de las medidas analizadas» y que, incluso, con posterioridad «se han seguido produciendo progresos», lo que le llevó a afirmar que «las entidades responsables fueron evolucionando y mejorando», según informa Ical.

Choque PP - PSOE

La presentación del informe llevó a los grupos parlamentarios a un debate en el que el Partido Popular defendió que la Junta y las entidades locales de la Comunidad «han hecho los deberes» tanto en la gestión de los fondos europeos Next Generation como en la planificación de medidas antifraude durante su ejecución. Mientras que desde el PSOE acusaron al Gobierno autonómico de no interesarse por estos fondos «por envidia política» y ejecutarlos con «falta de transparencia».

En su intervención, la procuradora popular María Ángeles Prieto defendió la actuación de las instituciones de Castilla y León en la ejecución de estos fondos pese a la «enorme dificultad» de no contar, durante el periodo fiscalizado, con la ayuda de la plataforma estatal CoFFEE, destinada a dar servicio a los organismos europeos en la gestión y ejecución de los fondos Next Generation. De «falta de transparencia» acusó a la Junta el procurador socialista Juan Luis Cepa, por «no mostrar las vergüenzas de que sus presupuestos se han ampliado gracias a estos fondos» en materias como la teleasistencia, la adquisición de ordenadores o la radioterapia.

Ayuntamientos y diputaciones

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, también presentó otro informe relativo a la elaboración de planes de lucha contra el fraude sobre la gestión de estos fondos en las entidades locales y diputaciones de Castilla y León, para lo que se fiscalizó la actuación de 27 organismos de la Comunidad: las nueve diputaciones, las nueve capitales de provincias, y otros nueve ayuntamientos que, en total, recibieron fondos por valor de 64,7 millones de euros entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.

Amilivia resaltó que todas las diputaciones y capitales de provincia aprobaron un Plan de Medidas Antifraude, así como Aranda de Duero y Medinaceli entre los otros nueve ayuntamientos estudiados, pese a que Solana de Rioalmar, Sahagún, Bárcena de Campos, Arapiles, Fuente de Santa Cruz, Traspinedo y Fuentesaúco no lo hicieron así. De entre los planes de medidas antifraude, 13 entidades los aprobaron dentro del plazo previsto, y siete lo hicieron fuera de plazo, además de que, algunos de ellos, no lo remitieron al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. No obstante, Amilivia sí destacó que «con carácter general, las entidades definieron en sus planes el conflicto de intereses» y todas constituyeron un comité o comisión antifraude «a excepción de los ayuntamientos de Palencia, Zamora y Aranda de Duero».