El Ministerio del Interior está poniendo el foco en la lucha contra los petaqueros de narcolanchas tras subir un 290 por ciento la incautación de gasolina. Junto con Justicia, estudia cómo perseguir penalmente a quienes hacen acopio de combustible para las embarcaciones que transportan hachís.

Este departamento del Gobierno está buscando fórmulas para perseguir penalmente a estos apoyos con los que cuentan las narcolanchas, después de constatar que la confiscación de combustible para redes relacionadas con el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar y la costa andaluza se incrementó desde la pandemia en comparación con los tres años precedentes.

En concreto, según datos oficiales del Ministerio del Interior, con el primer Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar lanzado a mediados de 2018 se incautaron 2.350 litros de combustible gracias a operaciones policiales en las que se verificó que su objetivo era abastecer a las embarcaciones que transportan droga.

En 2019, la cifra subió hasta los 42.581 litros y en 2020 se disparó hasta los 121.825 litros. Después de la pandemia del COVID-19, y conforme el Plan del Campo de Gibraltar se ha ido ampliando desde Cádiz hasta incluir a todas las provincias costeras de Andalucía y Sevilla, los datos registrados han aumentado todavía más: 284.854 litros en 2021; 244.565 litros en 2022 y 124.233 litros el año pasado.

Es decir, en los tres últimos años se han incautado más de 650.000 litros de combustible destinado a abastecer a narcolanchas, frente a los algo más de 160.000 litros intervenidos entre 2018 y 2020, lo que representa una subida del 290%.

Trabajo con Justicia

El foco sobre la problemática de las narcolanchas -embarcaciones de gran potencia y muchos metros de eslora- ha crecido desde el asesinato de dos guardias civiles el pasado 9 de febrero, cuando fueron embestidos por este tipo de navíos cuando se refugiaban del temporal en el puerto de Barbate (Cádiz). Desde 2018, según datos de Interior, se han intervenido más de 1.400 de estas veloces embarcaciones.

El pasado 2 de abril, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, recordó desde Cádiz al celebrar una reunión de coordinación que uno de los retos que aborda el Gobierno mediante un grupo de trabajo creado por el Ministerio del Interior y de Justicia es el de intensificar la lucha contra las estructuras que sirven de apoyo logístico de las redes de narcotráfico, citando expresamente a los conocidos como petaqueros.

El número dos del Ministerio habló de introducir «una modificación específica» en línea con lo que la Fiscalía solicitó en su Memoria de 2023 para combatir a las redes que surten de gasolina a las narcolanchas utilizadas para el transporte de hachís desde el norte del continente africano.

Fuentes de Interior recuerdan que un decreto del Gobierno permite desde 2019 que las narcolanchas sean perseguidas como «género prohibido», lo que conlleva sanciones administrativas por imposición de multas. Ahora, lo que se estudia es superar las «dificultades técnicas» para imponer tanto multas como castigos por la vía penal a las redes de apoyo logístico, como las de acopio de gasolina.

La Fiscalía advirtió que el Código Penal no recogía un tipo para combatir específicamente este tipo de prácticas, subrayando las «grandes dificultades» para perseguir penalmente estas conductas que, no obstante, «presentan una indudable importancia logística en las actividades de tráfico de drogas».

El grupo de trabajo, de hecho, atiende a la petición de la Fiscalía para introducir un nuevo tipo penal, como modificar el artículo 568 del Código Penal para introducir una alusión «con temeridad manifiesta». De esta manera, se castigaría sin más contratiempos la tenencia o el transporte de gasolina, aun si las cantidades no son lo suficientemente relevantes.

El secretario de Estado de Seguridad sostuvo desde Cádiz que se está «ganando la batalla» al narcotráfico, aunque admitió que la presencia de narcolanchas en las costas andaluzas les «incomoda» y que buscan fórmulas permanentemente para combatir esta compleja problemática que, según enfatizó, «no tiene soluciones mágicas».

Regular los 20 litros

El pasado viernes 5 de abril, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reiteró la necesidad de regular la forma de castigar la posesión de más de 20 litros de combustible, advirtiendo que el petaqueo se ha convertido desgraciadamente en «la cantera del tráfico de drogas» en el sur de España.

«Los petaqueros utilizan pequeñas embarcaciones de recreo y llevan hasta las narcolanchas los bidones de gasolina necesarios para que puedan seguir transportando la droga a la costa», apuntan desde esta organización.

De esta forma, se suma a otras voces de las Fuerzas de Seguridad que señalan que las redes de narcotraficantes se extienden por las costas de Levante y Cataluña para alijar la droga, debido a la presión policial que les vigila en el Estrecho de Gibraltar.