El Gobierno húngaro de Viktor Orbán y su política migratoria de mano dura han estado siempre en el centro de la polémica dentro de la Unión Europea. Pero, en tiempos de guerra, cuando garantizar la seguridad se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales, cada vez más líderes comunitarios están virando hacia la misma dirección que el dirigente magiar. Es el caso de Alemania, Polonia o Italia, que en las últimas semanas han adoptado distintas medidas para contener las llegadas masivas y protegerse ante posibles amenazas, a la espera de que Bruselas adopte planes más restrictivos. 

Aunque la UE se dotó hace unos meses del Pacto sobre Migración y Asilo para contar con un sistema ordenado y previsible de gestión, este sistema no comenzará a aplicarse -salvo que se anticipe su implementación- hasta junio de 2026.

Además, entre sus piezas legislativas no se encuentra la Directiva de Retorno, propuesta en 2005 y aún pendiente de la luz verde de la Eurocámara. Sin embargo, un grupo de Estados miembro -entre los que no figura España- considera que esa normativa ha quedado desfasada y que debe ser actualizada, por lo que han pedido un nuevo plan de devoluciones. 

Un paso que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está dispuesta a dar. Así lo defendió esta misma semana, al proponer a los líderes de los Veintisiete la idea de desarrollar «centros de retorno» fuera de la UE para los sin papeles, tomando como referencia el modelo instaurado hace unos días por el Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni en Albania, cuyo ejemplo podrá servir para «extraer lecciones» y, quizá en un futuro, aplicarlo de forma generalizada para restar saturación a ciertos países.

Sin embargo, esta iniciativa no ha recibido el beneplácito de todos los miembros del bloque: España ha mostrado su firme rechazo pese a ser uno de los países que acumula más migrantes irregulares.

Tampoco están a favor organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que temen que los traslados a centros de acogida de terceros pueda dar a lugar a «más abusos y violaciones de los derechos humanos».

Pese a ello, Von der Leyen considera que la UE debería seguir explorando posibles formas de avanzar en lo que respecta a crear centros de retorno mientras acelera la aplicación del «ambicioso» Pacto sobre Migración, una reforma cerrada in extremis al final de su primer mandato.

Pero la espera se está haciendo eterna para algunos gobiernos, que han decidido actuar por su cuenta. Es el caso de Polonia, que formalizó hace unos días la nueva política migratoria ideada por el primer ministro del país, Donald Tusk, que incluye la suspensión temporal del derecho de asilo para «recuperar el control» de sus fronteras, especialmente la que comparte con Bielorrusia, donde hace años estalló una crisis migratoria en la que se han sucedido las oleadas de violencia e intentos masivos de asaltos.

El paso dado por Varsovia causa ciertos temores entre algunos expertos, que creen que el plan podría tener un efecto contrario al deseado y debilitar aún más el frágil acuerdo europeo en esta materia.

«Preservar Schengen»

La vecina Alemania también ha establecido varias restricciones a raíz de una serie de amenazas a la seguridad del país, especialmente después de que un hombre de origen sirio matara a tres personas con cuchillo en la ciudad de Solingen.

En concreto, el Ejecutivo de Olaf Scholz ha endurecido el derecho de armas y facilitado las deportaciones de criminales violentos, además de introducir hace un mes controles temporales en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, que se suman a los ya existentes en las zonas limítrofes con Suiza, Austria, República Checa y Polonia.

Una decisión que no comparte Von der Leyen, quien defiende que preservar el espacio Schengen es «crucial para nuestro objetivo de mejorar la competitividad». «La reimposición de controles fronterizos debería ser una medida de último recurso, excepcional y proporcionada a la amenaza identificada», enfatiza la política germana.