El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó ayer la concesión de una línea de subvenciones de casi 400.0000 euros dirigida a 45 municipios de Ávila para promover la contratación de 377 personas inscritas como demandantes de empleo desocupadas y preferentemente eventuales agrarios.
La Junta de Castilla y León se compromete, con ello a complementar la financiación de las acciones del Servicio Público de Empleo Estatal para la contratación de trabajadores del sector agrario en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la provincia de Ávila. Este programa busca corregir los desequilibrios económicos de las Zonas Rurales Deprimidas, así como paliar los problemas de los trabajadores del sector agrario en estas zonas, proporcionando trabajo y experiencia profesional, a las personas desempleadas de este sector a través de contratación temporal para la realización de obras o servicios de interés general y social.
El importe máximo que se financiará por cada contratación será de 5.876 euros (65,29 euros/día) por un periodo de 90 días a jornada completa. El Ecyl financiará parte de los costes salariales y de Seguridad Social de estos trabajadores hasta un importe máximo de 1.061 euros por cada contrato a jornada completa por un periodo de 90 días. Se estima que estos apoyos favorecerán la inserción laboral de 377 personas desempleadas. Pueden ser entidades beneficiarias de esta subvención 45 municipios incluidos en los 2 Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal de la provincia de Ávila; con sede en Arenas de San Pedro y en Arévalo.
La selección final de los trabajadores, entre los candidatos enviados por la Oficina de Empleo, la realizará la entidad local de acuerdo con las normas de selección de personal que les sean de aplicación, siendo esta la responsable última de verificar que los candidatos seleccionados cumplen con todos los requisitos. Los contratos se concertarán a jornada completa durante 90 días. El alta en la Seguridad Social y el comienzo de la actividad habrán de efectuarse antes del 31 de diciembre de 2023. Si antes de completar ese periodo alguno de los contratos se extinguiera la entidad beneficiaria podrá contratar a otra persona que cumpla los requisitos en sustitución de aquella.