Dos acontecimientos históricos, inesperados y de insólitas consecuencias han marcado la legislatura recién finalizada: la pandemia de coronavirus y una guerra en Ucrania. Dos sucesos de tal magnitud que han condicionado las decisiones económicas y geopolíticas a nivel global, al tiempo que han modificado el contexto internacional. 

Más allá de la política de pactos que se irán forjando en las próximas semanas y de los flecos programáticos que estarán pendientes de esos posibles acuerdos, el Ejecutivo deberá afrontar importantes retos, algunos de los cuales ni siquiera podrán esperar a ese margen tradicional de cortesía, 100 días, que la oposición otorga al nuevo Gobierno. La economía, con sus múltiples asuntos derivados, aparece como la gran espada de Dámocles que marcará el devenir del país y, con él, el del Gabinete. Sin olvidar a esa España Vaciada que clama por soluciones reales. La Sanidad y la Educación reivindican también su hueco en la agenda estatal, sin olvidar las tensiones secesionistas o la eterna asignatura pendiente de renovar el Poder Judicial.

Pensiones

Las pensiones son un asunto delicado para cualquier partido, una especie de bomba de película donde tocar un cable puede provocar una explosión; no en vano hay casi 10 millones de beneficiarios y supone 130.000 millones de euros anuales de gasto en prestaciones.

El Gobierno de coalición llevó a cabo una reforma de las pensiones (el punto principal fue la variación del sistema de cálculo) que no gustó en la oposición. De hecho, el PP ha avisado que si llega a la Moncloa se planteará su derogación. 

El Gobierno de Pedro Sánchez esgrime que garantiza el cobro para las generaciones presentes y futuras, mientras que Alberto Núñez Feijóo la tacha de ser «un parche, que no da garantías de sostenibilidad».

Justicia

El nuevo Congreso heredará una quincena de iniciativas legislativas, así como la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llevan con su mandato caducado desde diciembre de 2018.

A pesar de varios intentos, PP y PSOE no han sido capaces de desencallar la negociación para que el máximo órgano judicial deje de estar en funciones y el plazo para que este estancamiento acabe no podrá comenzar antes de septiembre.

Pero no solo el CGPJ -que acaba de cambiar de manos con un presidente nuevamente interino- será un quebradero de cabeza para el próximo Gobierno. Los funcionarios de Justicia continúan en pie de guerra para exigir un aumento salarial.

Vivienda

La vivienda se convirtió en protagonista de la campaña en las elecciones de mayo, cuando el presidente Pedro Sánchez se comprometió a levantar un parque público de 183.o000 pisos en los próximos años. Potenciar los avales para que la juventud pueda acceder a su primer hogar es otra de las líneas que defienden PSOE y Sumar en su Ley de Vivienda, junto con los límites al precio del alquiler. La política del PP difiere, porque los populares proponen una receta basada en más suelo para construir, derogar la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo de coalición porque «ha generado inseguridad» y medidas antiokupas dirigidas al rápido desalojo de quienes entren en una vivienda ilegalmente, una práctica en auge.

Despoblación

La llamada España Vaciada es un auténtico reto para el próximo Gobierno. Partidos como Teruel Existe, Soria Ya! o Por Ávila han demostrado que cada vez es mayor el clamor que existe dentro de las áreas más despobladas. Y cubrirlas de servicios es un objetivo de cualquier Gobierno para evitar la masificación de las grandes ciudades y el abandono del mundo rural. 

Mejorar las infraestructuras, la conectividad y las conexiones de esos territorios, dotarlos de mayores y mejores servicios, fomentar el trabajo y el teletrabajo y promover una mejor habitabilidad son propuestas comunes.  

Servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos es una de las ofertas o una nueva ley de Agricultura son algunas de las ofertas. 

Independentismo

El pulso secesionista sigue presente en Cataluña, donde la amenaza de celebrar un referéndum independentista continúa casi a diario. No en vano, ha sido uno de los principales lemas de campaña de ERC, CUP y JxCat, cuyo guante sí ha recogido Sumar.

Ningún otro gran partido ha tendido la mano a permitir esa consulta ilegal, que, por extensión, también quieren celebrar en el País Vasco desde EH Bildu. 

La tensión es cada vez mayor y la eliminación del delito de sedición puede dar alas a los rupturistas a convocar esos plebiscitos.

Desde Vox ya avisan que la situación en Cataluña empeorará con un Gobierno de derechas, mientras el PSOE sigue ofreciendo pactos sin aclarar con qué condiciones.

Sanidad

Es otro tema sensible que siempre está a la cabeza de los asuntos que más preocupan a la sociedad española.

En este capítulo, el PP ha anunciado, entre otras medidas, un plan de choque de Atención Primaria que incluya mil plazas adicionales de medicina de familia y comunitaria en la primera oferta de plazas MIR que se apruebe tras los comicios.

También probarán una ley general de Sanidad que «elimine regulaciones obsoletas» y actualice el Sistema Nacional de Salud.

La oferta del PSOE incluirá actuaciones para reducir las listas de espera; un pacto por la salud mental, así como un plan nacional para la promoción de la salud y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud.