Los grupos de Castilla y León de Ecologistas en Acción se reunieron en Ávila este pasado fin de semana para tratar los principales problemas ambientales de la región y mostraron su preocupación por «las amenazas que sufren las riberas del Adaja y sus afluentes». De esta forma, durante la asamblea hubo un espacio para la presentación de un exhaustivo informe sobre el estado de conservación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Riberas del Adaja y sus afluentes, y cuyo resultado es que «la biodiversidad que alberga está siendo amenazada por una mala gestión del espacio».
Durante el encuentro también abordaron la rápida implantación de plantas de biogás en la región, a menudo ligadas a macrogranjas de cerdo. Así, recalcan que «aunque el aprovechamiento del metano procedente de las granjas podría ser una solución para reducir las emisiones libres a la atmósfera de este gas, preocupa el boom de las mismas en el Estado español, y en Castilla y León en particular», y precisan que «la nueva burbuja especulativa del biogás favorece la expansión de la ganadería industrial, sector para el cual Ecologistas en Acción viene pidiendo desde hace años una moratoria, por sus gravísimos impactos ambientales a nivel local y global».
Además abordaron también el estado actual de la calidad del aire en Castilla y León, y apuntaron que, «a pesar de la baja densidad de población y el carácter rural de la mayor parte de la región, esta comunidad autónoma sufre un importante problema de contaminación por ozono troposférico, tal y como ha quedado detallado en el informe 'La contaminación por ozono en el Estado español durante 2024', presentado por Ecologistas en Acción».
Precisamente para reducir la contaminación, además de las emisiones de CO2, la federación destacó el tema de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Como cumplimiento a la Ley de Cambio Climático, aprobada en el 2021, recordaron que los municipios con más de 50 000 habitantes deberían tener ZBE, entre ellas las de Ávila, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Segovia y Zamora, y, sin embargo, ninguna tiene ZBE en funcionamiento.
Otro asunto que preocupa a la organización es la proliferación de construcciones en suelo rústico y de protección natural en el sur de la provincia de Ávila. «Viviendas unifamiliares camufladas de naves, casetas y hoteles rurales continúan esparciéndose por espacios de alto valor ambiental, en contra de lo que señala la normativa urbanística. A ello se une un aumento desmesurado del número de grandes complejos de turismo rural, sin una planificación adecuada, todo lo cual constituye una amenaza a la conservación del territorio», apuntaron.