La Plataforma por la Sanidad Pública de Ávila, recientemente constituida, ha hecho llegar un comunicado sobre la posición de las plataformas sanitarias de Castilla y León ante la contratación de médicos sin especialidad vía MIR en el sistema sanitario regional, algo que «rechazan» y ante lo que «exigen que se cumpla la legislación». Después de que la Consejería de Sanidad defendiera la decisión de contratar a médicos sin MIR y lo achacara a la escasez de profesionales, las plataformas sostienen que la apuesta por médicos sin titulación de especialista «incumple la legislación», afirmando que «la autorizacion excepcional y temporal por la pandemia decayó en octubre del 2021». 

En su opinión la falta de profesionales, sobre todo en Atención Primaria y en las zonas rurales, «es consecuencia de una mala gestión que no ha cuidado las condiciones laborales ni ha previsto el necesario recambio generacional».

En este marco creen que «se está generando inequidad», al entender que «la población afectada no accede a la asistencia sanitaria con las condiciones y garantías de calidad que determina la legislación».

A su juicio esta práctica «afecta a la calidad de la prestación asistencial y a la seguridad para los pacientes, ya que se realiza por médicos sin especialidad que no han acreditado las competencias y conocimientos requeridos para esta prestación sanitaria».

Las plataformas consideran que «los profesionales de los equipos con médicos sin especialidad también sufren un estrés y una sobrecarga adicional, ya que se ven en la necesidad de supervisar su actuación».

Esta situación, continúan, se ve como «desincentivadora e injusta para los médicos MIR y para el prestigio de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria». De esta manera «se está propiciando que las próximas generaciones se planteen no realizar el MIR o ejercer fuera de España».

En este escenario las Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León, entre las que se encuentra la de Ávila, piden a la Junta de Castilla y León que «cese en estos atajos y dé respuesta a las necesidades de la población conforme a la ley». 

un pacto por la sanidad. Así, exigen «un Pacto por la Sanidad en Castilla y León», un acuerdo consensuado que «preserve los principios de la Sanidad Pública» y «un acuerdo social que cuente con todos los agentes implicados», tanto de los ámbitos políticos y sindicales como de la población a través de las plataformas y organizaciones de defensa de la Sanidad Pública, asociaciones de pacientes o consejos de salud, entre otros. 

Un pacto que, añaden, «se base en mejorar los recursos propios (en lugar de descapitalizar el Sistema Sanitario Público derivando partidas presupuestarias a externalizaciones y convenios)» y «que contemple medidas a corto medio y largo plazo para devolver a nuestra Sanidad Pública a los niveles que nuestra sociedad merece en cuanto a financiación, recursos materiales, número de profesionales, condiciones laborales y participación ciudadana», remarcan.